viernes, 15 de diciembre de 2017

RUIN BARBARIE

EL NACIONAL, Caracas, 14 de diciembre de 2017
Lo antipolítico como prepolítico
José Rafael Herrera

En el campo de la filosofía en sentido estricto, se dice de todo materialismo –que se declara abiertamente antiespiritualista– y de todo espiritualismo –que se declara abiertamente antimaterialista– que se trata de posiciones recíprocamente aisladas, posiciones abstractas, recíprocamente gratas a los prejuicios propios del sentido común. Posiciones, en fin, provenientes de la cultura dieciochesca, anteriores a la síntesis a priori magistralmente enunciada por Kant en la Crítica de la razón pura, la síntesis o unidad diferenciada de sujeto y objeto, su “negación determinada”, como la denominara Hegel. En una palabra, a estos puntos de vista, se les llama prekantianos. “Cada extremo –apunta Marx– es su otro extremo. El espiritualismo abstracto es materialismo abstracto; el materialismo abstracto es espiritualismo abstracto de la materia”. La lógica del maniqueísmo es de cuidado, y conviene prestarle adecuada atención, si se quiere comprender –más que entender– el presente estado de cosas. Lo “anti”, siempre, es sospechoso: nadie más religioso que un ateo; nadie más anticomunista que un ex comunista; nadie más inmoral que un moralista tout court. De ahí que, y extendiendo los límites del ámbito de la ontología del ser social a los del pensamiento político –si es que los hay–, se pueda afirmar que toda posición antipolítica, sea esta de derechas o de izquierdas, liberal o socialista, progresista o reaccionaria, es, en realidad, una posición prepolítica.

La antipolítica es, de hecho, una contraposición. Pero toda posición en-contra es, siempre, una posición que, para poder ser, necesita nutrirse continuamente de la otra posición que enfrenta con tanta vehemencia. Su fortaleza no depende de sí misma: depende de su término o-puesto. Como el materialismo o el espiritualismo, como el empirismo positivista o la teología filosofante postmoderna, ambos recíprocamente antagónicos, recíprocamente abstractos –cuyos respectivos postulados se autorrepresentan como “la única verdad”–, del mismo modo, la antipolítica se autoconcibe como la definitiva resolución de la política, la expresión más acabada, más noble, más honesta, más “pura”, de la res publica, o sea, del dominio de la vida de lo público. Diría Maquiavelo que, en el fondo, los representantes de la llamada antipolítica no son más que reediciones contemporáneas de los Savonarola de su tiempo. Y no se puede establecer con propiedad cuál de los extremos resultó ser más pericoloso: si Savonarola o Lorenzo de Medici, el antipolítico-político o el político-antipolítico. El promotor de la “hoguera de las vanidades”, predicador contra el lujo, la corrupción y la depravación de los poderosos o el gobernante de facto, el mecenas tanto de las artes y las ciencias como de las bacanales, banquero y promotor del sensual y reluciente esplendor fiorentino. Observa Hegel que una cosa es lo que se proponen llevar a cabo los grandes personajes de la historia y otra muy distinta la astucia que resulta de la propia inmanencia de sus propósitos.

Más allá –o más adentro– de la simple descalificación de la labor del otro, cada uno de los términos pretende reafirmar la exigencia por asumir, por apropiarse, aunque sin poder declararlo explícitamente, de la condición, del rol, del carácter protagónico, de su “enemigo”, ese perenne querer ocupar su posición, convencido de que, él sí, lo haría mejor, dado que, a su juicio, el otro no está a la altura de su dignidad y de su preparación. El otro, en consecuencia, debe ser aniquilado, destruido, anulado. En el intermezzo, la barbarie militarista sonríe. Y no se trata de considerar exclusivamente la anormalidad, el morbo, de la antipolítica con independencia del de la política, como si bajo la actual crisis orgánica que vive la sociedad del presente, el político ocupase “el lado correcto de la historia” y el antipolítico el incorrecto. Con mayor rigor y objetividad, conviene afirmar que todo relativismo es un fraude. La ya famosa cita de Einstein “todo es relativo”, en realidad, nada tiene que ver con la mediocridad del relativismo que se ha venido transformando en la sacra ideología de los tiempos. Cuando Einstein, quien siempre se declaró seguidor de Spinoza, afirmó que “todo es relativo” no se refería a la desaparición del absoluto: se refería a que todo se encuentra en relación con todo. Todo es correlato de todo, todo está íntimamente relacionado entre sí: ordo et conectio idearum idem est ac ordo et conectio rerum. Y cabe acotar el hecho de que la expresión “todo” ya es, de suyo, una afirmación a favor de lo absoluto, comprendido como relación –unidad diferenciada o síntesis a priori– de los términos de toda oposición.

Quienes desprecian el ámbito de lo político, alentados para ello por los promotores de la antipolítica, no imaginan cuán políticos son. Quienes, a su vez, desprecian la antipolítica, alentados por los políticos “de oficio”, por los “profesionales” de la política, no saben cuán antipolíticos pueden llegar a ser. Lo cierto es que, como consecuencia de semejantes puntos de vista, la llamada “unidad democrática” ha terminado por fracturarse irremediablemente, y mientras las sospechas crecen entre los unos y los otros, el militarismo entierra, cada vez con mayor profundidad, las huellas de la suela de sus botas en el lodazal de lo que va quedando de país. La ruin barbarie se ha convertido en el “santo y seña” de una sociedad agobiada, empobrecida, embrutecida y secuestrada, por una lumpencracia que no para de sembrar el temor –y la esperanza–, mientras reparte dádivas con criterio de escasez y hace que la multitud termine enajenando su dignidad para poder sobrevivir. Impone la cultura del “barrio adentro”, del cerro hostil. Habitúa a todos a que no haya luz, ni agua, ni gas, ni salud, ni alimentos, ni seguridad. Acostumbra, como si se tratara de algo normal, a que el modo de vida cotidiano de los más desposeídos sea el modelo de vida de toda la sociedad, y especialmente de la clase media, profesional y técnica, que cada vez más se reduce.

El año entrante será decisivo para los sectores que están dispuestos a poner fin a la canalla vil. Para ello será preciso superar los traumas y las intrigas del maniqueísmo, del sectarismo y la inútil mezquindad, los puntos de vista abstractos, el azote de la prepolítica devenida, doblemente, en antipolítica, premeditadamente sembrada –y disfrutada– por quienes durante los últimos 20 años han destrozado al país. Aufheben: superar y conservar. Y cabe decir que comprender esta artificiosa ausencia de reconocimiento quiere decir precisamente eso: superar.

Fuente: http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/antipolitico-como-prepolitico_215347

CARAQUEÑIDAD


Aporte de Jerjes Meléndez Núñez‎ al grupo facebookeano Carcas en Retrospectiva II 

"Fedora Alemán a la edad de 10 años (sentada) al lado de su hermana Yolanda. Foto tomada en el interior de la casa Nº 76 de Sordo a Peláez. Santa Rosalía. 1922". Entre los distintos comentarios, Bernardo Labrador Olivares coloca: "De Sordo a Pelaez # 80 era la casa distrital de Accion Democratica".
 

TIRO POR LA CULATA

Las patas del gato
Nicomedes Febres

* Chaderton, gordo, barbado y canoso como tratando de hombrearse, según un par de artículos que leí antier en El Nacional, trae un tema puntual pero muy peliagudo a la mesa: la pena de muerte. Dice nuestro ex embajador, consentido en mala hora por Arístides Calvani, quizás por ser este un hombre de alma grande y de una inmensa sensibilidad social, lo que le facilitó ser engañado. Así chaderton, venido del más profundo origen del mundo democrático se volvió también como Judas, un renegado de la libertad y la democracia y eso, en esta o en la otra vida se paga. Para nada pretendo amenazar veladamente, es solo que desde las entrañas de la mafia hasta los sesudos protocolos de la historia política, a los traidores, cuando se les acaba su cuarto de hora de infamia, la Historia los juzgará peor que a los otros infames congénitos. De modo que el diplomático estrella de esta tragedia que vivimos, este Von Ribbentrop tropical lleno de resentimientos propone, sin querer queriendo como Cantinflas, una pena de muerte por el lapso de 50 años a partir de ahora para los corruptos. Pero chaderton no es pendejo para nombrar la soga en casa del ahorcado y menos si se refiere a su amigo Rafael ramirez, así que los tiros vienen por otro lado y presumo que estos forajidos la emprenderán contra alcaldes y gobernadores de oposición que hayan sido suplidos por estos facinerosos, y pienso en Capriles y Ocariz por ejemplo, a quienes acusarán falsariamente de corruptos y si hay alguien al margen de corrupción son esos seres, que a veces parecen ser miembros de la corte celestial y si Capriles necesitase dinero, con solo levantar el teléfono y llamar a los padres tiene suficiente. Además, es producto de dinero limpio por generaciones dedicadas al trabajo duro y al comercio por parte de padre y madre, cosa que estos forajidos no pueden mostrar porque son parte de la oligarquía de la más abyecta corrupción de nuestra historia. Que entonces chaderton no ande buscándole las cinco patas al gato que le puede salir el tiro por la culata.

* Estoy investigando la vida cotidiana en la época del Romanticismo como movimiento estético en Venezuela, que coincide mucho con la era del gomecismo y los resultados son sorprendentes. Un país y una ciudad hermosos con modales y civilidad y testigo silente de la destrucción de Venezuela por el crecimiento de la demagogia y el populismo entre nosotros producto de desarrollar los derechos sin desarrollar los deberes de los ciudadanos con la modernidad, cuando el país ha estado en manos del populacho mediante los demagogos que malbarataron el petróleo desde hace décadas y que han afectado profundamente de manera negativa a la nación. Por supuesto, nunca peor que estas dos últimas dos décadas de infamia. Una imagen es un grabado del tranvía que comunicaba a Antímano con Caracas hacia 1900 a la altura de Palo Grande, que es a la altura del Hospital Militar y la otra es una de las primeras bombas de gasolina en Venezuela ubicada en la plazoleta del muelle de Puerto Cabello en 1920. Es la historia civil que pretendo rescatar para rescatar a la república civil.

Fuente:

¿DÓNDE ESTÁN LOS HISTORIADORES DE LA DIPLOMACIA VENEZOLANA?

Érase la misión en la ONU
Guido Sosola

Lo que está ocurriendo con la representación venezolana ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es de una gravedad excepcional si es que cabe tamaña calificación cuando se ha convertido el asunto en regla de todas nuestras misiones diplomáticas en el mundo, por más importante que sea un Estado con el que compartimos en la OPEP, por ejemplo.  Faltaba un detalle para ponerlo de relieve: la reclamación del Esequibo que no responde,  precisamente, a los intereses cubanos.

Consabido, la reclamación volvió directamente al despacho de la Secretaría General de esa tan elevada instancia internacional, cambiando la rutina que marcó el Acuerdo de Ginebra. Una somera revisión de la prensa digital, muy bien da cuenta de las numerosas y sistemáticas diligencias realizadas por el gobierno guyanés en las  oficinas de Antonio Guterres, tan extremadamente pendiente del asunto que, a pesar de las diferencias, distancias y abusos, el presidente David Granger informa de un modo u otro a la oposición en Georgetown.

Prácticamente vencido el plazo para remitir el Esequibo a la Corte Internacional de Justicia, a menos que el vecino país oriental lo desestime y quién sabe a qué precio,  la embajada venezolana de Nueva York se encuentra sin titular, pues, fue destituido  Rafael Ramírez para colocar a Samuel Moncada, quien ejerció la cancillería por una brevedad pasmosa y funge de confiable bombero para toda vicisitud diplomática. Sin embargo, cursan apenas un par de detalles: viva, inequívoca y expresamente señala la Constitución que esa y otras embajadurías, debe autorizarla la Asamblea Nacional;  y, en lugar de atender los problemas inmediatos que justifican la propia sede de Nueva York, pierden el tiempo en dirimir lo que es, en propiedad, manifestación de una intensa purga interna del chavismo. Vale decir, por encima de los intereses nacionales está el de la preservación a rabiar del poder.

Ahora bien, no siempre fue así y, por muchos problemas y desatinos que caracterizaron a la diplomacia venezolana, sobre todo después del emblemático 1958, la regla fue la de tener una política exterior sobria y coherente, confiada a quienes – por lo general – desempeñaron sus responsabilidades con la sobriedad y la coherencia que se esperaba, contando con un estable personal de carrera que así lo aseguraba. Por más que lo mandase el partido dominante, no era fácil tramitar el nombramiento definitivo del candidato a una embajada que, por lo menos, se nos ha dicho, debía superar las impertinencias de algún parlamentario, fuere o no del bipartidismo, en la comparecencia ante la Comisión de Política Exterior; y era mucho el riesgo de escandalizar, generando el costo político correspondiente, con un atrevido lance nepótico en la burocracia del extranjero y, con mayor razón, cuando la persona agraciada no tenía idea de las complejidades de las materias que debía atender, distintas de las compras en la Quinta Avenida.

Érase  la misión venezolana en la ONU, ataño, manejada con esa sobriedad y coherencia que no nos cansamos de repetir, teniendo al frente embajadores sobrios y coherentes. Ojalá a alguien le diera por revisar la nómina de los titulares y del equipo de Nueva York antes de 1999 y podrá apreciar, además, cómo la defensa de los intereses venezolanos en el Esequibo gozaban de una extraordinaria coordinación y, por ello, con Marcos Falcón Briceño a la cabeza, desde la Asamblea General de la ONU en Londres, por 1962, arrancó una definitiva Política de Estado que no sobrevivió al siglo XXI.

Fotografía: 

jueves, 14 de diciembre de 2017

PERSISTENCIA

Plazo de la ONU sobre el Esequibo vence este mes y no hay respuesta oficial sobre el caso
14 diciembre, 2017

La Fracción Parlamentaria 16 de Julio denuncia que una camarilla pretende monopolizar este tema

(Caracas. 14/12/2017) Luis Barragán, diputado de Vente Venezuela por el estado Aragua, advirtió este jueves que está por vencer el plazo de la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU) para solventar el conflicto del territorio Esequibo y no hay respuesta oficial sobre el caso.

“Corresponde a uno de los intereses fundamentales de Venezuela. El 16 de diciembre de 2016 la Secretaría General de la ONU fijó un plazo para solventar el conflicto del territorio Esequibo, y ese plazo está por terminarse a finales de este mes”, explicó.

El integrante de la Fracción Parlamentaria 16 de Julio se quejó porque no existe información precisa sobre la actuación de la Cancillería venezolana, mientras el mediador de la ONU ya se ha reunido en varas oportunidades con la oposición guyanesa, así como con los parlamentarios de Georgetown.

“Mayor inquietud tenemos porque la misión venezolana en Nueva York ante la ONU sufre una crisis incomprensible e injustificada por la destitución de Rafael Ramírez y el nombramiento ilegítimo e inconstitucional de Samuel Moncada para reemplazarlo, sin pasar por la Asamblea Nacional”, sostuvo.

De acuerdo con Barragán, este tema era una política de Estado y ahora las “camarillas” pretenden monopolizar el tema sin informar.

Agregó que la solución no es otra que el agotamiento del Acuerdo de Ginebra, suscrito por Venezuela en 1966, cuya vigencia es indiscutible.

El parlamentario aseguró que la Fracción 16 de Julio continuará presente y atenta a la discusión, a través de la comisión delegada.

Y finalizó: “Nuestro mensaje de solidaridad al pueblo venezolano: a pesar de las circunstancias y las dificultades, resulta importante reivindicar el derecho al cambio. Es posible una Transición”.

Fuente:

miércoles, 13 de diciembre de 2017

TODO UN DETALLAZO ROJO-ROJITO

EL PAÍS, Madrid, 14 de diciembre de 2017
EL SAQUEO DE PDVSA
Exministros de Chávez ocultaron 2.000 millones en Andorra
Exdirigentes venezolanos, empresarios y testaferros cobraron comisiones de hasta el 15% por facilitar contratos de la petrolera estatal
José María Irujo - Joaquín Gil

Exviceministros y testaferros de políticos del Gobierno de Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) cobraron presuntamente más de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales por intermediar para que compañías extranjeras consiguieran adjudicaciones de la principal firma estatal, Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA). La mecánica implicó, al menos, a diez personas —exdirigentes chavistas, empresarios y sus familiares—, según informes de la Policía de Andorra que maneja la juez Canòlic Mingorance. La magistrada andorrana indaga el supuesto blanqueo en el marco de un expolio de la petrolera estatal.

Los pagos de los presuntos sobornos se abonaron entre 2007 y 2012 en la Banca Privada d’Andorra (BPA), a 7.400 kilómetros de Caracas. Y circularon por una telaraña de 37 cuentas corrientes a nombre de sociedades panameñas. El dinero saltó después desde el Principado a paraísos fiscales como Suiza o Belice a través de una laberíntica arquitectura concebida para enmascarar fondos, según las pesquisas.


EL PAÍS ha tenido acceso a las cuentas corrientes de los cabecillas y a detalles confidenciales sobresus sociedades instrumentales. La red estaba formada por los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado; un primo de un expresidente de PDVSA y 
de este gigante petrolero. El grupo se completaba con un magnate de los seguros y testaferros. 


La trama justificó ante el banco andorrano sus millonarios ingresos como honorarios por trabajos de asesoría a empresas. Fue el argumento que esgrimió ante el denominado departamento de cumplimiento (compliance), un órgano de fiscalización de la BPA para prevenir la evasión de capitales. Y evitar que fondos de la droga, el tráfico de armas o la corrupción política aniden en un depósito bancario bajo apariencia legal.

Los investigadores sostienen que los supuestos trabajos de asesoría nunca existieron. Y que algunos de los informes por los que se pagaron minutas millonarias ocuparon folio y medio.

La juez de Andorra Canòlic Mingorance sospecha que el grupo cobró comisiones de entre el 10 % y el 15 % a compañías extranjeras, especialmente chinas, que recibieron después contratos de extracción de petróleo gestionados por PDVSA y sus filiales.

Las pesquisas conectan los manejos de la red con un acuerdo entre Venezuela y China por el que el país sudamericano recibió un préstamo de 20.000 millones de dólares (17.000 millones de euros) del gigante asiático a cambio de petróleo. Un portavoz de PDVSA ha declinado pronunciarse. Dice que el asunto "compete a la Fiscalía".

Trama de blanqueo

Pese los recelos, la BPA abrió las cuentas bajo sospecha. Y eso que su unidad de fiscalización interna llegó a advertir en algunos casos de la condición de los clientes de Personas Políticamente Expuestas (PEP), que es como se denomina en la jerga financiera a aquellas personalidades que, por haber ocupado un cargo público, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo.

Las autoridades de Andorra, donde hasta el pasado año regía el secreto bancario, intervinieron en marzo de 2015 la entidad elegida por la trama para limpiar su botín. Estados Unidos había denunciado antes que este banco fue empleado por bandas criminales para el blanqueo, algo que sus propietarios niegan.

La juez Mingorance ha situado bajo su foco al que fuera viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos. El exdirigente fue detenido en Madrid el pasado octubre por una causa distinta a petición de EE. UU., que solicita su extradición. Villalobos figura también como investigado en un juzgado de la Audiencia Nacional por presuntos sobornos de la ingeniería asturiana Duro Felguera.

Tanto el letrado de Villalobos en esta última causa como el que le representa en la investigación de Andorra han declinado ofrecer su versión. Las pesquisas revelan que el exviceministro abrió 12 depósitos en la BPA y constituyó 11 sociedades instrumentales. Sus cuentas recibieron 124,2 millones de euros, según la Policía de Andorra.

Por su parte, Javier Alvarado, exviceministro de Energía y Petróleo y exdirector entre 2007 y 2010 de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), manejó cinco depósitos y cuatro sociedades que percibieron 46,5 millones de euros. Una de sus cuentas en Andorra se abrió en julio de 2008, cuando el dirigente todavía formaba parte del Ejecutivo de Hugo Chávez (fallecido en marzo de 2013).

Mientras, Diego José Salazar, primo de Rafael Ramírez, exministro de Energía, expresidente de PDVSA y representante hasta hace dos semanas del Gobierno de Nicolás Maduro en la Organización de Naciones Unidas (ONU), acumuló siete depósitos y seis sociedades. Sus cuentas movieron 21,2 millones de euros. Salazar fue detenido la semana pasada por su presunta participación en la trama. Este periódico no ha logrado localizar a los letrados de Alvarado y Salazar.

Cerco al hombre fuerte del expresidente

La fiscalía de Venezuela anunció el pasado martes que investiga a Ramírez, hombre fuerte de Hugo Chávez, por supuestos negocios petroleros con su primo. Ramírez no tiene cuentas en la BPA ni figura entre los investigados por la juez Mingorance.

En el foco policial están, también, las cuentas ocultas del magnate venezolano de los seguros Omar Farias, un empresario cercano al régimen bolivariano. Sus depósitos recibieron 586 millones de euros, según los informes policiales.

Rodney Cabeza, vicepresidente de su firma, Seguros Constitución, ha indicado a este periódico que el origen del dinero de Farías “responde a operaciones de reaseguros totalmente legales” y que la compañía que preside el empresario gestionó la póliza de PDVSA solo en 2006. El directivo añade que Farías carece de relación profesional con los exministros Villalobos y Alvarado y admite que el 50 % de los clientes de la aseguradora son trabajadores públicos.

Del estudio de las decenas de depósitos confidenciales abiertos por los investigados en la BPA se desprende que todos sacaron de Andorra la mayor parte del dinero antes de que los fondos fueran bloqueados por la investigación judicial, en julio de 2015.

La Policía de Andorra apunta también en sus pesquisas a otros personajes en apariencia secundarios, pero que movieron grandes sumas en la institución financiera del país pirenaico. Es el caso de Luis Mariano Rodríguez Cabello, gestor de negocios de Diego Salazar. Abrió 11 depósitos y manejó diez sociedades con ingresos de 626 millones de euros.

Los investigadores señalan también a José Luis Zabala, apoderado de Salazar y Farías, que recibió 27 millones de euros. Y al exabogado corporativo de PDVSA Luis Carlos de León Pérez, detenido en Madrid el pasado octubre por otro supuesto caso de corrupción.


Al igual que en el caso Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que sobornó durante más de cinco años a presidentes, altos funcionarios y políticos de 12 países de América, BPA recurrió a su filial BPA Serveis, SA para crear una telaraña de sociedades pantalla en Panamá. El objetivo: dificultar el rastreo del millonario caudal de fondos que circularon por sus depósitos.

La alarma sobre la presunta trama de comisiones se activó después de que Francia advirtiera a Andorra de una transferencia sospechosa de 89.000 euros. El beneficiario del dinero fue un trabajador de un hotel galo y el concepto del envío, “regalo por servicios prestados”. Tras la operación, afloró una firma de Diego Salazar, primo del exembajador de Venezuela en la ONU Rafael Ramírez.

El siguiente movimiento se desarrolla en 2012. Salazar intenta enviar 40 millones de euros de Suiza a Francia para la supuesta adquisición de una propiedad. La juez andorrana bloquea la operación. En todos los casos aparece la BPA. Una entidad que está siendo investigada en el Principado por varias causas.

El Gobierno venezolano reaccionó con detenciones a la trama andorrana de saqueo la semana pasada, dos años después del inicio de la investigación. La Fiscalía de este país eleva el expolio a 4.200 millones.
investigacion@elpais.es

Los exdirigentes bajo sospecha
Francesco Manetto

Nervis Villalobos Cárdenas. Fue uno de los jerarcas de la primera etapa del chavismo. Ingeniero, exviceministro de Energía y Petróleo encargado del control y suministro de electricidad entre 2001 y 2006, diseñó la planificación a largo plazo de uno de los sectores más estratégicos para el país. Tras dejar sus cargos asesoró a grandes empresas.

Javier Alvarado Ochoa. Hombre de confianza de Chávez. Exviceministro de Energía y expresidente de la eléctrica estatal de Caracas.

Rafael Ramírez. Hombre fuerte del chavismo, exministro de Energía y Petróleo y expresidente de PDVSA, que dirigió durante 12 años. Fue forzado a dimitir por Nicolás Maduro, que le nombró delegado ante Naciones Unidas hasta que tuvo que dejar el cargo el pasado día 4.

La mala gestión que hundió a Petróleos de Venezuela
F. M.

Venezuela y sus Gobiernos dependen en buena medida del rumbo y la estabilidad de su petrolera estatal. La situación de Petróleos de Venezuela (PDVSA), fundada en 1975 durante el primer mandato de Carlos Andrés Pérez, refleja desde hace años la gravísima crisis institucional y económica que golpea al país. Pero en los últimos meses se ha acelerado el ocaso de esta empresa, la única que garantizaba al aparato bolivariano una presencia en los mercados internacionales. A mediados de noviembre las agencias de calificación Fitch y Moody’s declararon en suspensión de pagos a la compañía. Al mismo tiempo, se conoció que en octubre se registró una caída en la producción de crudo nunca vista en los últimos 30 años, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Este hundimiento se debe, según los analistas, a tres factores: los desequilibrios cambiarios, la desinversión y la mala gestión de PDVSA.

Además, el presidente, Nicolás Maduro, empezó en agosto, con decenas de destituciones y detenciones, una purga de los hombres de confianza de su antecesor, Hugo Chávez. La operación culminó hace dos semanas con el nombramiento de un militar, el mayor general de la Guardia Nacional Manuel Quevedo, al frente de la petrolera. También desmanteló la cúpula de su filial en Estados Unidos, Citgo. En cualquier caso, el desmoronamiento de esta empresa va más allá del intento de Maduro de acaparar todo el poder y su temor a la traición. Tiene que ver con la mala gestión de sus recursos, las redes clientelares y la corrupción.

Lo chavistas que se fueron de Venezuela por seguridad
Joaquín Gil - José María Irujo

Cuando el exviceministro venezolano Nervis Villalobos tocó a la puerta de la Banca Privada d’Andorra (BPA), en junio de 2007, se enfrentó al cuestionario de rigor, el llamado know your customer (conozca a su cliente, en inglés), una suerte de tercer grado de la institución financiera para determinar el origen de los fondos. A la tercera pregunta —¿Cuáles son sus motivos para abrir una cuenta?”—, el que viceministro de Energía del Ejecutivo de Hugo Chávez entre 2004 y 2006 respondió: “Quiero mantener mis ahorros fuera de Venezuela, en una jurisdicción que ofrezca seguridad jurídica, estabilidad y confidencialidad”.

Con estos mimbres, Villalobos aterrizó como cliente en la BPA un año después de abandonar el Ejecutivo venezolano. Y con estos mimbres controló hasta 2012 en ese banco 12 depósitos: uno a su nombre y el resto bajo el velo de sociedades creadas en los paraísos fiscales de Panamá y Belice, según documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Villalobos se presentó ante el banco como un ingeniero de éxito. Argumentó que pretendía colocar en Andorra los honorarios de sus servicios de “intermediación” de las firmas para las que trabajaba, como Duro Felguera. Una compañía que ha declinado pronunciarse al respecto.

El banco recogió en un documento que Villalobos tenía depósitos en Suiza, Uruguay, Estados Unidos y Panamá, y que su patrimonio sumaba 70 millones de euros. Entre los motivos para hacerse cliente de la BPA, el exviceministro destacó la “opacidad” del banco, según un cuestionario interno.

El expediente del antiguo responsable de Energía incluye un informe que asegura que el cliente “fue indagado en 2006 por enriquecimiento ilícito junto con el expresidente del Banco de Comercio Exterior. El caso no llegó a los tribunales. Posiblemente existieron desviaciones (venta de influencias) por parte de algunos de sus allegados”, indica este documento elaborado en agosto de 2008 por el International Center of Economic Penal Studies (ICEPS).

Clientes de alto riesgo

Pese a las alarmas en la BPA, que llegó a calificar a Villalobos de “cliente de alto riesgo” y recomendó “vigilar sus operaciones”, este no tuvo problemas para abrir sus cuentas.

La BPA también fue advertida sobre el riesgo de acoger como cliente a Javier Alvarado, exviceministro de Energía y Petróleo y exdirector entre 2007 y 2010 de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Alvarado, que tuvo cuentas en Estados Unidos y Suiza, planeaba unificar su patrimonio en la BPA, según la entidad del Principado. El exviceministro se presentó ante el banco como un ingeniero especializado en la asesoría en el sector eléctrico. Dijo que se decantó por esta institución financiera por su “confidencialidad y seguridad”. Y anunció que, solo en uno de sus depósitos, preveía recibir anualmente 30 millones de dólares.

“Abre cuenta para depositar sus fondos en una plaza fuera de Venezuela”, advirtió la BPA que, pese a calificar al exdirigente de “alto riesgo”, aceptó sus depósitos.

Diego Salazar, primo del que fuera ministro de Energía, presidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ramírez, tampoco tuvo problemas para abrir sus once cuentas en la BPA. Y eso que la entidad andorrana también le consideró Persona Políticamente Expuesta (PEP).

El departamento de cumplimiento (compliance) de la BPA —el fiscalizador para prevenir el blanqueo de capitales— recogió que Salazar movió en los depósitos de Andorra 70 millones de euros. “Es propietario de más de 10 empresas en Venezuela y posee un importante patrimonio inmobiliario en Caracas constituido principalmente por edificios de oficinas que alquila a empresas”.

El primo del exembajador Ramírez abrió su cuenta en junio de 2007 con su esposa, Rosycela Díaz Gil. Como el resto de sus compatriotas, Salazar también expuso la “opacidad” como uno de los acicates para abrir una cuenta en la entidad andorrana.
investigacion@elpais.es

Contrato de apertura de una cuenta en la BPA del exviceministro de Energía de Venezuela Javier Alvarado Ochoa. EL PAÍS.


Cuestionario interno que rellenó en la BPA el exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos. EL PAÍS.

Fuentes:

¿CAMBIARA DE OPINIÓN? (POR CIERTO, LO QUE QUEDA DE LA MESA)

EL NACIONAL, Caracas, 12 de diciembre de 2017
Lo que no se puede aceptar en Santo Domingo
Gustavo Tarre Briceño

El próximo 15 de diciembre, la oposición y el gobierno se vuelven a reunir en República Dominicana. Poco se sabe de los resultados de la primera ronda de conversaciones. Lo que sí conocemos es la condición que el gobierno ha puesto ante el futuro electoral inmediato: No habrá elecciones si no se levantan las sanciones al gobierno de Venezuela y a algunas de sus más connotadas figuras.
Así lo declararon los hermanos Rodríguez, jefes del equipo negociador del gobierno y las informaciones que se filtran señalan que el problema de las sanciones es, junto con el reconocimiento de la asamblea constituyente, la petición central del gobierno de Nicolás Maduro.
Estos dos puntos son inaceptables.
Las sanciones en contra de personeros del gobierno, por violación de derechos humanos y por narcotráfico, no están en la mesa de negociación y no puede la oposición ni siquiera aceptar que sean tema de discusión. ¿Puede algún opositor poner en duda la responsabilidad de los jerarcas del gobierno sancionados por los asesinatos, las torturas, los encarcelamientos arbitrarios y las violaciones reiteradas de las garantías constitucionales más elementales?
¿Puede algún negociador representante de las fuerzas democráticas salir en defensa de altos funcionarios cuya participación en el tráfico de drogas ha sido plenamente demostrada? La respuesta solo puede ser un no rotundo, contundente y categórico.
Hay sanciones en contra de Pdvsa y de instituciones financieras del gobierno venezolano. Estas han sido dictadas por diferentes países por las conductas antidemocráticas asumidas por Nicolás Maduro y sus secuaces. El levantamiento este tipo de sanciones solo puede producirse cuando Venezuela vuelva a ser una democracia. Entiéndase bien: no se trata de promesas sino de realidades.
Cuando en Venezuela no existan presos políticos, cuando la separación de poderes vuelva a existir, cuando tengamos libertad de prensa, cuando cesen los procesos electorales cargados de fraude y extorsión, cuando el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Moral Republicano y el Consejo Nacional Electoral dejen de ser apéndices del PSUV, cuando los principales líderes opositores dejen de estar inhabilitados. Cuando todo esto ocurra, los países democráticos del mundo levantarán las sanciones.
El riesgo que corren los negociadores es pagar por adelantado. El gobierno quiere que la oposición pida al mundo levantar las sanciones a cambio de acuerdos que “abran el camino” hacia un CNE imparcial y hacia una Asamblea Nacional en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales y  que permitan también la llegada de la ayuda humanitaria y la libertad de algunos presos.
¡Ojo! Allí está la trampa. No pueden los negociadores de la oposición olvidar que están sentados frente a un atajo de pillos que ya han demostrado estar dispuestos a incumplir cualquier compromiso, una vez que hayan obtenido lo que buscaban.
Ya vimos cómo incumplieron todo lo acordado en la Mesa de Negociación y Acuerdos de los años 2002 y 2003, y cómo lo volvieron a hacer el año pasado con la complicidad del mismo Rodríguez Zapatero que sigue fungiendo de “mediador”. En esas dos oportunidades el chavismo y el madurismo se burlaron de Jimmy Carter y de César Gaviria primero y nada menos que del Vaticano en la segunda oportunidad. De la misma forma se burlarán de los cancilleres que acompañan esta ronda de negociación.
A la oposición le van a ofrecer el oro y el moro: “Pidan ustedes al mundo el levantamiento de las sanciones, firmen un ‘acuerdo de gobernabilidad’ y nosotros nos comprometemos a integrar una autoridad electoral imparcial, a soltar los presos y a reconocer la Asamblea Nacional”. Una vez producido el llamado a la comunidad internacional para que levante las sanciones, vendrán por parte del gobierno las excusas, demoras y dilaciones que terminen descartando todo lo ofrecido, burlándose de los cancilleres como ya lo hicieron antes con los otros “garantes” de buena fe.
En consecuencia: ni una palabra a favor de levantar las sanciones a los narcopillos, ni a los violadores de derechos humanos ni a las instituciones gubernamentales de la dictadura.
Lo segundo que es inaceptable se refiere a la asamblea constituyente. El gobierno ofrecerá moderación por parte de ese organismo espurio. Dirán que se limitará a la redacción de un proyecto de Constitución, que procurará coexistir en armonía con la Asamblea Nacional dentro de un respeto mutuo. ¡Mentira podrida! La asamblea constituyente es el instrumento que le permite a Nicolás Maduro transformar una minoría chantajeada de electores en una mayoría de gobernadores y alcaldes, pasar por encima de la Constitución vigente y dar “legitimidad” y apariencia de legalidad a una dictadura. La oposición no puede dar validez, bajo ninguna forma, a una Asamblea convocada en violación de la Constitución, elegida mediante un sistema electoral fascista, producto de un fraude electoral descomunal y que usurpa poderes supraconstitucionales.
Soy un firme creyente en la necesidad de negociar. Aun con delincuentes. Pero creo también que se negocia hasta donde lo permita la ética, el derecho y la realidad política. Negociar no es claudicar. Negociar es demostrar firmeza aunque ello conduzca al fracaso de la negociación. En todo caso, los fracasados nunca serán los que se niegan a arrodillarse sino los que pretenden arrodillarlos.
Los negociadores en Santo Domingo, que representan lo que queda de la Mesa de la Unidad Democrática, tienen el próximo viernes la posibilidad de recuperar la coherencia y la credibilidad que el liderazgo de la mayoría opositora en la Asamblea Nacional ha perdido; pueden volver a ser lo que una vez fueron: los conductores de la sociedad democrática venezolana. También puede ocurrir que se dejen engañar y engatusar nuevamente: Eso no se lo perdonaría nunca el pueblo venezolano y serán juzgados con implacable severidad por la historia. Allí está el reto para Leopoldo López, preso de conciencia y líder de un partido descabezado por la narcodictadura; para Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional y fundador del partido en el que milita Juan Pablo Guanipa; y para Henry Ramos Allup, guardián de la herencia de Leonardo Ruiz Pineda, Andrés Eloy Blanco, Rómulo Betancourt y Raúl Leoni.

Fuente:
http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/que-puede-aceptar-santo-domingo_215038EL 

PLAZO PERENTORIO

Declaración atribuible al portavoz del Secretario General sobre la controversia entre Guyana y Venezuela
Nueva York, 16 de diciembre de 2016

El Secretario General ha informado al Presidente David Granger de la República de Guyana y al Presidente Nicolás Maduro de la República Bolivariana de Venezuela sus conclusiones sobre cuáles son los pasos a seguir más apropiados para la solución de la controversia entre los dos países.

Mediante el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, Guyana y Venezuela otorgaron al Secretario General la facultad de decidir sobre los medios de solución de la controversia originada como resultado de la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y lo que ahora es Guyana es nulo y sin efecto.

El Secretario General ha concluido que el presente Proceso de Buenos Oficios, que ha sido llevado a cabo desde 1990, continuará por un último año, hasta el fin de 2017, con un mandato reforzado de mediación.

También ha llegado a la conclusión de que, si hacia fines de 2017, el Secretario General concluyera que no se ha logrado un avance significativo hacia un acuerdo completo para la solución de la controversia, elegirá la Corte Internacional de Justicia como el próximo medio de solución, a menos que los Gobiernos de Guyana y Venezuela, en forma conjunta, solicitaran que se abstenga de hacerlo.

El Secretario General ha discutido estas conclusiones con el Secretario General designado, quien ha expresado su concurrencia con éstas.

El Secretario General designado nombrará, poco después de asumir sus funciones, un nuevo o una nueva Representante Personal para llevar adelante en su nombre el Proceso de Buenos Oficios. El último Representante Personal del Secretario General, el Sr. Norman Girvan, de Jamaica, falleció en abril de 2014. Desde entonces, el Secretario General ha realizado intensos esfuerzos al más alto nivel tendientes a encontrar el camino más conducente para llegar a una solución de la controversia.

Fuente:

EPÍSTOLA

Caracas, 25 de octubre de 2017

Ciudadano
Jorge Arreaza
Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores
República Bolivariana de Venezuela
Su Despacho.-

Señor ministro,

Reciba nuestro cordial saludo con ocasión de dirigirnos a usted, en
nombre de las Academias, para manifestarle nuestra preocupación ante
los recientes anuncios tanto de la oficina del Secretario General de las
Naciones Unidas (ONU) como del Gobierno de la República Cooperativa de
Guyana del envío de la controversia territorial sobre el territorio Esequibo
entre Venezuela y dicho Estado a la Corte Internacional de Justicia.
En virtud de la gravedad del asunto planteado, que afecta a los intereses
nacionales de Venezuela, estas Academias han acordado exhortarlo para
que de manera responsable se adopten oportunamente todas las medidas
necesarias, tanto jurídicas como de otro carácter, a fin de que los derechos
de Venezuela en esta reclamación histórica sean debidamente
salvaguardados. Guyana seguramente con una buena asesoría jurídica,
está haciéndole un expediente a Venezuela de sus silencios ante los
anuncios tanto del Secretario General de la ONU como del Gobierno
guyanés, para oponerlo en su oportunidad. El peligro es que en Derecho
Internacional, bajo ciertos términos, estos silencios de una parte pueden
ser interpretados como aceptación.
Debemos hacer mención a que ya en fecha 20 de marzo de 2017, la
Academia de Ciencias Políticas y Sociales se dirigió a su antecesora en el
despacho Ministerial, Delcy Rodríguez, para manifestarle su preocupación
al respecto. Esa Academia acordó en fecha 7 de febrero del presente año,
pronunciarse públicamente para rechazar el anuncio realizado en
diciembre de 2016 por el entonces Secretario General Ban Ki-moon,
conforme al cual, éste designaría un nuevo representante personal para
encargarse del proceso de buenos oficios, pero que si para finales de 2017
no se ha logrado un “avance significativo” hacia un acuerdo completo para
la solución de la controversia, elegiría la Corte Internacional de Justicia
para solucionar ésta, a menos que Guyana y Venezuela, de manera
conjunta, le solicitaran que se abstuviera de hacerlo. Con posterioridad, en
fecha 27 de febrero de 2017, el nuevo Secretario General de la ONU,
Antonio Guterres, con ocasión del anuncio de la designación del señor Dag
2
Halvor Nylander como su Representante Personal para la controversia
fronteriza entre Guyana y Venezuela, igualmente anunció que el proceso
de Buenos Oficios continuará con un mandato reforzado de mediación
“hasta final de 2017”; y “si a finales de 2017, el Secretario General
concluyera que no se ha logrado un avance significativo hacia un acuerdo
completo para la solución de la controversia, el Secretario General elegirá
la Corte Internacional de Justicia como siguiente medio de solución, a
menos de que los Gobiernos de Guyana y Venezuela conjuntamente le pidan
que no lo haga” (resaltados añadidos).
Recientemente, el Presidente de Guyana, David Granger, durante su
intervención en la 72o Asamblea General de la ONU el 20 de septiembre de
2017, expresó –conforme fue recogido en la prensa local e internacional-
que el reclamo de Venezuela contra su país es una “amenaza” y por ello –
agregó-, “tanto los Secretarios Ban Ki-Moon y Antonio Guterres han
mantenido la postura de, que si para 2020 no se ha producido avance
importantes en el diferendo, La Corte Internacional de Justicia será el
siguiente paso, por lo que “Guyana ha estado trabajando seriamente
con la Secretaría” (resaltados añadidos); y llamó a la comunidad
internacional para que Venezuela acepte el proceso judicial como el
camino claro, de paz y justicia para la solución del diferendo.
Estos anuncios del Secretario General de la ONU –y del Presidente de
Guyana-, de judicializar la solución de la controversia mediante el envío de
la misma a la Corte Internacional de Justicia, deben ser rechazados de
manera pública y categórica por el Gobierno de Venezuela, no sólo por ser
contrario a los intereses del país, sino porque el mismo es violatorio del
Acuerdo de Ginebra. Venezuela no debe ni puede aceptar que este delicado
asunto sea enviado unilateralmente y sin su consentimiento a dicho
Tribunal internacional. Por ello es necesario que se deje constancia de su
rechazo público. Como lo afirmamos al inicio, en Derecho Internacional los
silencios de los Estados tienen consecuencias jurídicas y pueden ser
usados en su contra.
Esta anunciada decisión unilateral –seguramente inconsulta al menos con
Venezuela- del Secretario General de la ONU es violatoria del Acuerdo de
Ginebra cuyo objeto y propósito explícitos consisten en la búsqueda de
una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia en
forma aceptable para ambas partes. Por lo cual, someter la controversia a
un procedimiento judicial desnaturalizaría el Acuerdo de Ginebra, ya que
impediría que las partes, a través de un mecanismo de negociación, logren
un acuerdo práctico a la controversia que sea mutuamente aceptable para
ellas. Una solución judicial unilateral es lo contrario a un arreglo práctico
que resulte satisfactorio y aceptable para ambas partes.
3
Al mismo tiempo, esta decisión equivaldría a la introducción arbitraria de
un término de caducidad de las negociaciones entre las partes para buscar
una solución práctica conforme al Acuerdo de Ginebra, las cuales
evidentemente no han sido agotadas. Conforme a dicho instrumento
internacional (Art. IV, 2), si alguno de esos medios, como podrían ser los
actuales buenos oficios con mandato reforzado de mediación o cualquier
otro de la misma naturaleza no han conducido a una solución de la
controversia, el Secretario General de la ONU escogerá otro de los medios
estipulados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, y así
sucesivamente, hasta que la controversia haya sido resuelta, o hasta que
todos los medios de solución pacifica contemplados en dicho artículo
hayan sido agotados. Sin embargo, esos “medios de solución pacífica”
contemplados en dicha norma, deben sujetarse siempre al objeto y
propósito del Acuerdo de Ginebra, cual es precisamente la búsqueda de
una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia en
forma aceptable para ambas partes.
De tal manera que reiteramos una vez más: pretender que con el solo
consentimiento del Gobierno de Guyana, el Secretario General de la ONU
podría escoger remitir el asunto a la Corte Internacional de Justicia,
constituye una infracción del objeto y fin del propio Acuerdo de Ginebra
que establece que las partes del mismo deben “buscar soluciones
satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia” de manera que
ésta sea “amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para
ambas partes”.
En consecuencia, las Academias consideran que Venezuela, como país,
debe hacer valer de manera pública y a la mayor brevedad posible los
términos del Acuerdo de Ginebra, tanto frente al Gobierno de Guyana
como en sus gestiones ante el Secretario General de la ONU, de modo
que el asunto se mantenga siempre dentro del ámbito de las
negociaciones diplomáticas para la búsqueda de un arreglo práctico de
la controversia que resulte aceptable para ambas partes.
Reiterándole nuestras expresiones de consideración, se despide de Usted.

Atentamente,

Gabriel Ruan Santos
Presidente de la Academias de Ciencias Políticas y Sociales
Horacio Biord Castillo
Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua
Inés Quintero Montiel
Directora de la Academia Nacional de la Historia
Alfredo Díaz Bruzual
Presidente de la Academia Nacional de Medicina
Gioconda Cunto de San Blas
Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales
Humberto García Larralde
Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas
Gonzalo Morales
Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat

Fuente. Remitido por el Dr. José Alberto Olivar, tomada la carta del portal digital de las Academias.

martes, 12 de diciembre de 2017

¿SOMBRAS NADA MÁS?

EL NACIONAL, Caracas, 11 de diciembre de 2017
El nuevo fantasma europeo
Atanasio Alegre
 
Cuando la recepcionista termina de dar la información sobre las condiciones de alojamiento en el hotel, añade, como si se tratara del eslogan de un político en campaña: Francia no es solo París.

Francia, en la ruta hacia Normandía, es, efectivamente, esa alfombra verde de una campiña festoneada por los más variados cultivos: con mucho agua, con muchos puentes sobre el Sena –algunos de una belleza soberbia, como el que une la ciudad de Le Havre y la población de Honfleur–. La Francia interior son los viñedos con los pámpanos desmelenados al viento. Es el vino, la industria del motor y la del perfume, como el que usa esta moza morena que atiende la recepción en este hotel de Le Havre.

Pero Francia no solo es el paisaje sino el paisanaje, sus pobladores. ¿Qué quienes pueblan ahora esta Francia del siglo XXI? Pues, si uno quisiera reseñarlos atendiendo a los que suben y bajan de los autobuses, los que toman el tren en las estaciones, los que andan a pie tendría que contar también, entre ellos, a quienes vinieron de esas regiones del África donde el sol es tan peligrosamente amigo del hombre. Y son tantos que uno de los políticos más pintorescamente malévolos, como el tal Le Pen, ha anunciado que se va a vivir a la campiña porque prefiere ver las vacas a tanto árabe en las calles de París. Es el tinte moreno que cubre hoy la Francia, reflejado en alguna de esas novelas aparecidas en estos años últimos entre las que no faltan títulos de autores que se ocupan de esta derivación de la ciudadanía actual.

Que así vaya el tema es cosa que merece una explicación, cosa que ha hecho Michel Houellebecq, uno de los escritores más connotados por haberse hecho acreedor hace al Premio Goncourt en 2011. Houellebecq tiene la parroquia divida, ya que no todo aquel que ha comprado alguno de los 400.000 ejemplares vendidos de su novela El mapa y el territorio lo ha hecho en son de amigo, sino por tener a mano, como la niña fea, un espejo en el que mirarse. La tarea de este autor tiene el propósito de tomar el pulso de la Francia morena de hoy.

La revista alemana Der Spiegel llamó a Houellebecq el poeta francés de la alienación. Pero lo cierto es que la crítica encuentra una estrecha vinculación entre El mapa y el territorio con la manera como Balzac notarió la sociedad de su tiempo. Su estilo es lineal, fluido, con personajes a lo Dostojewski, con guiños al paisaje y con una originalidad que ningún novelista en la larga historia del género había acometido, a saber, convertir en tema de una novela el asesinato de su autor. A Houellebecq lo asesinan –en la novela– para robarle el cuadro que un pintor, el protagonista de la obra, había hecho como gratificación por haber escrito el texto del catálogo de una de sus exposiciones.

Sucede, por otro camino, que desde hace ya algún tiempo circula un libro anónimo, en forma de panfleto, que lleva por título La insurrección que viene, escrito por un comité invisible en el que se cuenta el trance por el que pasan las sociedades europeas. Se sabe que la obra salió de una comuna que solía reunirse en la localidad de Tarnac, en Francia, de la que formaban parte algunos de los editores de la revista Tiquun en la que, con solo dos números, aparecieron trabajos de los filósofos de izquierda de mayor rango en ese momento en Francia. De todas maneras Julien Coupat, identificado como uno de los autores entre los nueve, fue acusado de sabotaje a las catenarias del tren de alta velocidad o TGV.

Desde cualquier ángulo que se mire –se lee en el panfleto– la llamada sociedad europea no tiene salida. Hay un acuerdo generalizado de que todo lo que hoy está tan mal va a seguir peor. La cosa es tan grave que estamos dispuestos a fingir ante el hecho de que, teniendo un cadáver sobre la mesa, pasamos por delante sin enterarnos. ¿Cómo salir de esta situación? Mediante la implantación de la anarquía, sin escatimar ni en violencia ni en terrorismo. Y es aquí donde la autoridad ha comenzado a tomar cartas en el asunto.

El panfleto tiene un innegable gancho literario. En la primera edición de la traducción alemana se vendieron 25.000 ejemplares y se dice que el toque literario maestro se debe a la pluma de Houellebecq.

Animados por el éxito de la obrita, más tarde aparecería ya con aspiraciones filosóficas que emulaban las de El capital de Marx, bajo la autoría del mismo grupo, la obra A nuestros amigos, donde se plantea la tesis de que ya no es el capital, como sucedía en Marx, el que domina el mundo, sino el poder cibernético, como lo hacen en las redes Google y Facebook. En resumidas cuentas, se trata del El poder cibernético que viene a ser el último de los títulos de este grupo publicado en el 2016.

Claro, que viniendo de Francia y conociendo por quién votaron los franceses en las últimas elecciones, a pesar de la fementida popularidad de que goza la izquierda (Emmanuel Macron, por cierto, hizo y bien, la carrera de filosofía, sin ser de izquierda) habrá que tener en cuenta otras condiciones sobre las que se desarrolla la vida del francés. El francés –dice Umberto Eco en su novela El cementerio de Praga– no sabe bien lo que quiere, lo único que sabe es que no le gusta lo que tiene. Está orgulloso de tener un Estado que dice poderoso, pero se pasa el tiempo intentado que caiga. Ils grognent toujours. Pues bien, podría ser que esto de la revolución que amenaza a la Europa de los 27 se reduzca a otro gruñido más bajo forma fantasmal, como el que acaba de producir en España el separatismo catalán, cuyos protagonistas dan la impresión de haber hecho suyos algunos de los lineamientos del panfleto de marras: La revolución que viene.

Fuente:

NOMENCLATURA PARA UN FRAUDE

EL UNIVERSAL, Caracas, 11 de diciembre de 2017
Leyes constitucionales y ANC
Jesús M. Casal M. 
 
La espuria Asamblea Nacional Constituyente se perfila cada vez más como un apéndice de la dominación autoritaria impuesta por el gobierno nacional. En consonancia con su unilateralidad, replica insípidamente y sin brillo el discurso oficial y es incapaz de ocultar sus verdaderos fines: estar allí como expresión de un poder absoluto que de ser necesario puede usarse, para tomar libérrimamente decisiones a la medida de la cúpula gubernamental, como adelantar o postergar convocatorias electorales, o para intentar dar un barniz de juridicidad a actuaciones de facto realizadas por instancias oficiales, como el allanamiento de la inmunidad de Diputados a la Asamblea Nacional o la aprobación de una supuesta ley de presupuesto. La sedicente constituyente es expresión de un momento de profunda descomposición de la institucionalidad democrática, en el cual ya resultan demasiado pesados, forzados o postizos los esfuerzos destinados a fundamentar la acción del Estado con base en la Constitución o en la Ley, la jurisdicción o la racionalidad democrática. Es igualmente un instrumento empleado con el objeto de generar divisiones o fracturas en el bando opositor, y de alinear políticamente al oficialismo. 
Leyes constitucionales
Uno de los capítulos de los desafueros seudo-constituyentes de estos meses consiste en la aprobación de leyes calificadas como constitucionales por la supuesta Asamblea Constituyente. Así ha sucedido con las írritas leyes sobre la comisión de la verdad, contra el odio y de precios acordados. Jurídica y democráticamente es una atrocidad que la llamada Constituyente se considere facultada para dictar leyes constitucionales. Las leyes constitucionales, en los ordenamientos jurídicos en que existen, son normas dictadas por el Parlamento mediante un procedimiento más gravoso o complejo que el previsto para la sanción de leyes ordinarias y que adquieren, por disponerlo la Constitución y en las materias que esta señale, el mismo rango de las normas constitucionales. Se trata de leyes concebidas para complementar la regulación constitucional en asuntos que por su significación deberían ser abordados por la propia Constitución, pero que por razones diversas son remitidos a un tratamiento normativo detallado posterior a través de leyes de especial jerarquía y rigidez. En nuestra Constitución no hay base alguna para que una Asamblea Nacional Constituyente que fuere legítima sancione leyes constitucionales. El pueblo es el titular del poder constituyente y solo él puede establecer el ordenamiento constitucional.  
Excesos 
La extralimitación radica en que cuando la espuria Constituyente emite leyes que califica de constitucionales está pretendiendo que tengan rango constitucional, lo cual es inaceptable, porque solo la nueva Constitución que fuere aprobada por el pueblo en referendo, en un auténtico proceso constituyente, podría ostentar valor, fuerza y perdurabilidad constitucional. Por ello, las leyes constitucionales están siendo una vía doblemente fraudulenta para ir ocupando indebidamente el espacio de la Constitución. Doblemente fraudulenta, por cuanto se sustraen por un lado al ejercicio del poder constituyente del pueblo manifestado en la aprobación en referendo de la normatividad constitucional, como también a la soberanía popular, que debió ser respetada al dejar a salvo la facultad del pueblo de decidir si se convocaba o no una constituyente y en qué términos. 
Sanción de leyes
En la experiencia constituyente de 1999, plagada de abusos, pero apoyada en un referendo constituyente previo, no llegó a admitirse una tesis como la de la sanción de leyes constitucionales por la ANC. La ley sobre el Distrito Metropolitano de Caracas, aprobada por dicha instancia, fue calificada jurisprudencialmente como ley orgánica y los decretos emitidos por aquella adquirieron, según decisión judicial criticada con mucha razón, una fuerza constitucional provisional, que cesaría con la instalación de la Asamblea Nacional y la sanción por ésta de las leyes correspondientes. Nunca, en todo caso, se atribuyó a tales actos el valor de la Constitución. Esos decretos, sobre todo el relativo al Régimen de Transición del Poder Público, fueron los primeros responsables de la desconstitucionalización que luego se adueñó irreversiblemente del acontecer político-institucional en el país, pero interesa ahora apuntar que ni siquiera entonces se acogió un planteamiento como el de la sanción de leyes constitucionales por la ANC. Seguimos, pues, presenciado una ostentación de arbitrariedad, con medidas que están tan alejadas de la juridicidad como de la posibilidad de resolver los problemas reales de la nación y de lograr los propósitos a los que dicen responder.

Fuente:
Ilustración: Dumont-

PRAGMATISMO

Claudio Briceño Monzón
Están equivocados quienes creen que la reclamación sobre el Esequibo será resuelta en La Haya

“Remitir la disputa territorial por El Esequibo a la Corte Internacional de la Haya, sería una malinterpretación del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Ante el riesgo de seguir prolongando la disputa, la solución definitiva pasa por un acuerdo bilateral entre ambos Estados, sobre la base de lo establecido en el Acuerdo de Ginebra. La Corte Internacional de Justicia no puede considerar la solicitud de Guyana sin el consentimiento de Venezuela. El Acuerdo de Ginebra otorga al Secretario General de las Naciones Unidas, la atribución de escoger como uno de los medios previstos en el Estatuto de la Corte, el arreglo judicial, pero esto no significa que la Corte de la Haya sea la instancia competente para reconocer la controversia territorial”.

Así lo señaló, Claudio Briceño Monzón, profesor de la Universidad de los Andes, a propósito del inminente vencimiento del plazo establecido por la Secretaría General de la ONU, a los gobiernos de Venezuela y Guayana para resolver este año la controversia sobre el territorio Esequibo.
“Venezuela no está colocando en tela de juicio la existencia del Estado Guyanés, tal como lo ha venido esgrimiendo, a través de los medios internaciones el gobierno de ese país, eso es una completa mentira. Venezuela lo que ha hecho es reclamar lo que le corresponde por derecho, es decir, una parte del territorio que nos fue injustamente arrebatado tras el Laudo Arbitral de 1899. Es importante que todos tengamos en claro, sobre todo la Cancillería de Venezuela, que no se puede delimitar áreas marinas y submarinas, si primeramente no hemos delimitado y demarcado la frontera terrestre, porque no sabemos de dónde va a partir la frontera marítima”.

“Guyana está en su derecho de ampliar su Plataforma Continental, su Mar Territorial y su Zona Económica Exclusiva, pero primero debe establecer sus fronteras terrestres con sus vecinos, ya que la delimitación de áreas marinas y submarinas no se puede hacer de forma unilateral, es necesario que ambos países mantengan el razonamiento que las delimitaciones terrestres y marinas deben hacerse por acuerdo entre las parte de forma bilateral. La ampliación de la plataforma continental de cualquier país en el mundo va acompañada de tratados con sus países vecinos, no olvidemos que los conflictos mundiales siempre han sido por las controversias territoriales o marítimas”.

El profesor Briceño Monzón, quien fungió como coordinador del libro La Cuestión Esequibo, en el que participaron varios especialistas en el tema y publicado este año por la Universidad Metropolitana, agregó: “En 28 años la figura del Buen Oficiante no ha logrado éxitos en la solución de este conflicto territorial y nos parece difícil que actualmente se logre resolver esta problemática, a través de este mecanismo, el cual es un negociador que busca la forma de poner a las partes de acuerdo en la solución del conflicto, pero donde los intereses son tan absolutos, que es complicado que se llegue a un resultado con equidad”.

Finalmente acotó que “el interés de la transnacional Exxon Mobil de asistir a Guyana en los gastos judiciales de una eventual controversia con Venezuela, pone en evidencia la potencialidad de recursos petroleros que encontraron en el bloque Stabroek. Y frente a ese escenario, el gobierno venezolano ha sido muy benevolente con la actuación de Guyana en la exploración de unas áreas marinas y submarinas que son parte del territorio venezolano y que están en discusión, según el Acuerdo de Ginebra”.

12/12/2012:
https://www.lapatilla.com/site/2017/12/12/claudio-briceno-monzon-estan-equivocados-quienes-creen-que-la-reclamacion-sobre-el-esequibo-sera-resuelta-por-la-haya/

La reclamación Esequiba: diplomacia política y solución pragmática
Claudio Alberto Briceño Monzón

En Venezuela nunca se valorizó en forma y a fondo el espacio periférico. Fue éste minimizado en la teoría y en la práctica del desarrollo nacional. Postergado por la adopción de un criterio económico y político rígido, impuesto de arriba hacia abajo, considerándose a la frontera como área de defensa, no apta para adoptar innovaciones. Estos espacios limítrofes quedaron destinados a una permanente dependencia de los centros de poder económico y político, ubicados en la unidad costa montaña caribeña.
Las determinantes económicas y geopolíticas, externas o internas son combinadas en modelos formulados para regiones o sistemas regionales. Partiendo de una realidad nacional a fin de ubicarse en términos de absoluta soberanía, en el ámbito internacional. Venezuela ha tenido una proyección geopolítica que poco ha logrado consolidarse, es decir, sus ventajas y oportunidades estratégicas se han perdido por no lograr fortalecer miradas que refuercen verdaderas políticas que valoren la importancia geopolítica de sus cuatro vertientes: andina, amazónica, caribeña y atlántica. Desde Colombia por el occidente, Brasil por el sur, los países caribeños por el norte (desde Trinidad y Tobago hasta Puerto Rico, Martinica y Guadalupe) y Guyana por el oriente.

El Esequibo, de 159.000 kilómetros, está enclavado en plena selva y tiene capacidad para la explotación minera y maderera. Venezuela reivindica este territorio alegando que no estuvo presente en el proceso que derivó en un laudo arbitral de París 1899, que otorgó este territorio a la corona británica.
El 17 de febrero de 1966 se firma entre Venezuela y el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra, el cual expone en su artículo 1°: "... que el Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y la Guayana Británica es nulo e írrito". El mismo acuerdo establece una comisión mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre ambos países. Para Gran Bretaña, el arreglo práctico fue concederle la independencia a la Guayana Británica, el 26 de mayo de 1966. Ese mismo día el gobierno de Venezuela le otorga el reconocimiento a la nueva República, haciendo clara reserva de su reclamación de la Guayana Esequiba. Entre 1966 y 1970 fracasó una comisión mixta que buscó arreglos, y entre 1970 y 1982 el diferendo fue congelado por un período de doce años, en el denominado Protocolo de Puerto España, ante una situación regional e internacional que independientemente de las buenas intenciones, permitió que Guyana se fuese preparando para la ofensiva de la cual es hoy objeto nuestro país.

La frontera de Venezuela con Guyana, anteriormente Guyana Británica, está aún bajo reclamación venezolana, ante la forma irregular y contraria a los intereses venezolanos en que fue establecida. Esta controversia territorial por El Esequibo, se reactivó el 18 de junio de 1982, siguiendo el procedimiento prescrito por el Acuerdo de Ginebra. Por ello Guyana y Venezuela encomendaron al Secretario General de la ONU que propusiera a ambos países una solución pacífica, escogida entre las propuestas en la Carta de las Naciones Unidas.

En los últimos años el gobierno guyanés a través de su cancillería, ha pretendido delimitar unilateralmente  la fachada Atlántica del territorio Esequibo y el Delta del río Orinoco, área de una importancia geoestratégica potencia en la situación geopolítica de Venezuela ante el mundo; siendo relevante señalar que las fronteras terrestres entre Guyana y Venezuela no han sido ni delimitas ni demarcadas, y se encuentra como ya hemos señalado en discusión en base al Acuerdo de Ginebra de febrero de 1966.

El Acuerdo de Ginebra, fue un compromiso o un remedio práctico, una solución satisfactoria y efectiva, en aquel momento los gobiernos de Guyana declaraban: demuéstrenos  primero que el Laudo es nulo e írrito. Eso se repite, se repite hasta que pasan 4 años. No se llega a ningún acuerdo; Venezuela ofrece una serie de posibilidades como la exploración y explotación conjunta del territorio en disputa, lo cual no aceptan los guyaneses. Este convenio hasta ahora no ha cumplido sus objetivos en casi medio siglo de existencia, sus negociaciones no  solucionaron la problemática; pero no se puede negar que en su momento hace 51 años fue un esfuerzo considerable,  que dependió precisamente de la buena fe de las administraciones de Guyana, que sigue pidiendo que se justifique la nulidad del Laudo. Por eso, como se trata de lograr la reparación de una injustica, demostrada hasta la saciedad con documentos y mapas irreprochables, y con el relato e indicaciones de quienes participaron en aquel Laudo amañado, Venezuela seguirá adelante hasta encontrar la solución equitativa que nos reintegre  alguna porción del territorio despojado. El contenido del acuerdo de Ginebra fue motivo de discusión en el Congreso Nacional; donde había críticas positivas y negativas del contenido del que a partir de su discusión se transformó en Ley de la República el 13 de abril de 1966, aplicable a nuestra Reclamación de la Guayana Esequiba.

Desde 1989 al 2014, los buenos oficiantes nombrados por la ONU, han sido representantes de la CARICOM, es decir, del Caribe angloparlante, el cual está constituido por un conjunto de islas que fueron colonizadas por ingleses, las cuales han obtenido su independencia desde mediados y finales del siglo XX, y son más proclives a la posición guyanesa que a la venezolana. La figura del buen oficiante en la controversia entre Venezuela y Guyana, se encargó: al granadino Alistair McIntyre, de 1989 a 1999, al barbadense Oliver Jackman de 1999 a 2007, y al jamaiquino Norman Givan de 2010 a 2014. La designación el 27 de febrero de 2017 al diplomático noruego Dag Nylander como mediador en la disputa territorial guyanesa–venezolana por la Guayana Esequiba, cuya gestión se prolonga hasta final del año. Nylander actuará como representante personal en esas gestiones del secretario general de la ONU. El proceso de buenos oficios que ha llevado a cabo las Naciones Unidas  continuara hasta finales de 2017, con un mandato fortalecido de mediador. Si para entonces no hay un progreso significativo para resolver la controversia, el caso será derivado a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, con la excepción de que uno de los dos países pida explícitamente que no se vaya a tal tribunal internacional. Nylander fue el jefe del equipo diplomático noruego que actuó como garantes del proceso de paz en Colombia entre 2012 y 2016, y representó a su país ante la ONU entre 2001 y 2014.

El cumplimiento del Acuerdo de Ginebra, es de buscar una solución práctica de la controversia, en la perspectiva de la negociación política y no rigurosamente jurídica. Debe llegarse a una solución bilateral para la delimitación primeramente de la frontera terrestre y para la delimitación de las áreas marinas y submarinas es esencial determinar la demarcación de la frontera terrestre. Nuestra política exterior debería reestructurar en su agenda, como un punto prioritario la cuestión Esequibo, convendría ser un asunto de Estado y no de gobierno, y obligarse ser un punto primordial, el cual requiere de una política coherente y continua, hasta la solución de dicho diferendo.  La Cancillería está en la obligación de emitir opinión en contraposición de los actos unilaterales desarrollados por el gobierno guyanés. Ambos países deben sentarse a negociar la solución pragmática de esta histórica controversia territorial, que no ha permitido el desarrollo de la región Esequiba para el beneficio de los ciudadanos de ambos países. La Guayana Esequiba nos corresponde por justificados títulos sobre los que reposan la territorialidad del país, la soberanía nacional se ejerce en los espacios nacionales. 

Gráfica inicial: Mapa del territorio. Reportaje extenso de ed Córdova-Claure sobre el tema. Resumen, Caracas, nr. 124 del 21/03/1976. 
Fuente: http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/31532-esequiba

EL PROBLEMA TERRITORIAL MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO ACTUAL

El Esequibo se perdió en República Dominicana

Faltando apenas días para vencerse el plazo fijado por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para remitir el caso de la reclamación del Esequibo a la Corte Internacional de Justicia, el diputado @LuisBarraganJ, integrante de la  @fraccionAN16J, expresó que “al depender del tal diálogo de República Dominicana, evidentemente se ha perdido”.
Así lo señaló al concluir la presentación del libro “La cuestión Esequibo”, el cual reúne un conjunto de quince trabajos arbitrados, editado por la Universidad Metropolitana con el aval  de las universidades Simón Bolívar y la de Los Andes, exitosamente presentado en el IX Festival de Lectura de Chacao,  bajo la responsabilidad del periodista Reyes Theis y de los profesores José Alberto Olivar y Luis Alberto Buttó.
“Consabido, el tal diálogo de República Dominicana ha repetido el fracaso de los anteriores, dándole más tiempo al régimen, incluso, para sus lentas, pero eficaces purgas internas. El sector de la oposición que lo aceptó incondicionalmente y la dictadura que lo ha manipulado con habilidad, no contemplaron el problema del Esequibo, desde la necesaria dimensión de una Política de Estado que tiene una naturaleza, características e implicaciones muy propias, por cierto, incompatibles con el régimen.  Excepto la mención ornamental que se hizo en el marco de las también frustradas conversaciones de octubre de 2016, no hay actualmente otra de las partes en conjunto o por separado, corriendo fatalmente el lapso fijado por la tan elevada instancia internacional, lo que autoriza a concluir que, si únicamente dependiese de República Dominicana, el Esequibo evidentemente está  perdido”.
El diputado Barragán de Vente Venezuela, co-autor del libro presentado en  la feria celebrada en la Plaza Altamira de Caracas, recordó que el 16 de diciembre de 2016, la Secretaría General de la ONU le dio un plazo a Venezuela y Guyana para solventar sus diferencias y, en caso contrario, remitir el  asunto a la Corte Internacional de Justicia, sin que sepa la Asamblea Nacional de nuestro país, como no ocurre con el parlamento de Georgetown, de las diligencias realizadas por el mediador D. H. Nylander.
“Sólo la sensatez del gobierno guyanés permitirá agotar las posibilidades que todavía ofrece el Acuerdo de Ginebra, en lugar de incurrir en lo que también puede ser una temeridad, como la Corte Internacional de Justicia, complicando innecesariamente las relaciones con una Venezuela que no tardará en superar las dificultades de hoy, reencontrándose con la libertad y la democracia que fueron y serán sus mejores herramientas para reivindicar pacífica y efectivamente sus históricos y legítimos derechos sobre el territorio”.
Finalmente, hizo un reconocimiento a la academia que no ha abandonado el tema: “Aplaudimos el sostenido interés y la vehemencia de los sectores académicos por una materia tan crucial, pues, como lo refirieron los profesores Buttó y Olivar, el del Esequibo es el conflicto de fronteras más importante y relevante de todo el mundo actual al tratarse del Amazonas, una reserva decisiva para el futuro mismo de la especie humana. Lejos de abandonar el tema, encapillándose en una retórica de ocasión, no sólo continúan investigándolo, sino aportando soluciones que no temen debatir públicamente, porque los problemas fundamentales del país ameritan de la efectiva responsabilidad ciudadana, convirtiéndose – junto a los activistas pro-esequibanos – en ejemplo para la dirigencia política misma”.
“La cuestión Esequibo”, cuya presentación también contó con la de otro co-autor, como el Lic. Rajihv Morillo, y la diputada Dignora Hernández, ha sido liberado en las redes, encontrándose en los portales de la Universidad Metropolitana y de la Academia Nacional de la Historia, pues, agotada su primera edición impresa, no ha sido posible la segunda por la evidente escasez de papel en el país.

Fotografía: Reyes Theis, Luis Buttó, José Olivar, Rajihv Morillo y LB.
10/12/2017: