Luis Barragán
Los expertos economistas podrán abundar más y mejor sobre la elaboración del presupuesto público nacional para 2017 y de sus inevitables consecuencias, en el marco de una profunda e inédita crisis económica a la que se suma un colosal endeudamiento externo. El macabro ajuste que padecemos, desencaminado a las correcciones que desesperan por imponerse, abultando aún más la calamidad, tiene por triple ventaja la censura, pues, no sabemos de los más elementales indicadores, indispensables para la propia existencia de los agentes económicos; la ausencia de todo control, disparados los resortes de la más arbitraria discrecionalidad del gobierno nacional que por más de década y media, no logra ocultar ese olor penetrante de la corrupción (Zapata decía que llamarla administrativa significa excederse en el elogio); y la represión feroz e inmediata, sin reparar en las básicas previsiones constitucionales.
Para finales del presente mes, el Ejecutivo Nacional debe plantear y presentar al Legislativo Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto. No existe, ni siquiera en el ámbito de la seguridad y defensa de la Nación, norma y razón alguna para incumplir con tamaña responsabilidad, y, mucho menos, la posibilidad para el Tribunal Supremo de Justicia de reemplazar a la Asamblea Nacional en las diligencias de rigor.
La recepción, discusión y sanción de la correspondiente ley, es de exclusiva competencia de los legisladores y, a lo sumo, a mediados de diciembre, el presidente de la República tendrá que promulgarla o devolverla, siguiendo el curso establecido en la Carta de 1999. O, simplemente, habrá reconducción del presupuesto de 2016, negada toda generosidad en el campo de las omisiones legislativas.
Insistimos en la gravedad de un mandato constitucional que no podrá evadir, escurrir o evitar Maduro Moros y sus ministros, corresponsables de un delito si les diera por volarse también las formalidades a las que fuerza una materia tan decisiva y delicada, como la del presupuesto. Materia que se convertirá en un hito, además de todo el proceso revocatorio que ha de celebrarse y culminar este año.
Los diputados integrantes de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, asumirán una tarea dura y filo-cortante con interlocutores temerosos del castigo, en el caso de concurrir a sus sesiones: los ministros afines, entendemos, desean y están urgidos de hablar, pero la dirección política y militar de esto que se llama gobierno, los tiene agarrotados. Y, como buena parte del gabinete, se dice, desean renunciar, aunque están conscientes que, en lo personal y en lo familiar, los riesgos lucen superiores con el disgusto revanchista que ocasionarán en una jefatura partidista – parece mentira – ya sin un actor decisivo en la esfera civil.
12/09/2016:
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