Un aumento más
Douglas C. Ramírez Vera
Para el 1ero de Septiembre
anuncia el Presidente su tercer aumento de salario mínimo en el año 2016 y en
sus 3 años de gobierno es el décimo tercer aumento decretado en su
administración. En enero del 2016 el salario mínimo estaba en Bs. 9649 y la
cesta ticket para los trabajadores en Bs. 6750. La cesta ticket es un derecho
con el que no cuenta los pensionados y jubilados, derecho que el gobierno y el
Tribunal Supremo de Justicia (¿In?) le han negado, a pesar de ser aprobado por
la actual Asamblea Nacional. Si llevamos el salario mínimo de enero ajustando
el poder de compra por inflación esperada este no debería ser menor a Bs 67.543
y la cesta ticket correspondiente no debería ser menor a Bs 127.089, con lo
cual el salario integral mínimo no debería ser menor a Bs. 194.632.
En cuanto el aumento en sí del
salario mínimo, es una potestad que tiene el sector público de establecer para
los sectores socialmente débiles que, en las economías normales representan
menos del 10% de la población, pero en el caso de Venezuela hoy reciben más del
40% de la población del país. Lo cual manifiesta una política perversa de
ingresos a la cual han sometidos a todos los trabajadores del país. Aclaremos
la afirmación anterior. En el Primer Plan Socialista de la Nación 2007-2013, en
uno de sus apartados señalaba: “Con el fin de lograr trabajo con significado,
se buscará la eliminación de su división social, de sus estructuras jerárquicas
y de la disyuntiva entre la satisfacción de las necesidades humanas y la
producción de riquezas subordinadas a la reproducción del capital”. En este
enunciado se formula un divorcio total entre la productividad y la
remuneración.
El generalizar el salario mínimo
tiene como objetivo para el gobierno (entre otros), de aplanar la escala de
ingresos con el fin de reducir el coeficiente de Gini, que es un indicador de
desigualdad utilizado mundialmente, el reducir el crecimiento de los salarios
de los profesionales y aumentar consistentemente el salario mínimo,
convirtiéndolo en la regla general de ingresos, cuando debe ser la excepción.
El gobierno lo usa con fines propagandista ya que pretende mostrar, el en
escenario internacional, que Venezuela es un país igualitario (pero hacia
abajo).
En las ciencias sociales existen
dos postulados que se vinculan con la perversión en la distorsión de la
información haciendo que ciertos indicadores no provean la información
requerida por su manipulación. Estos son la Ley de Goodhart y la Ley de
Campbell:
• La
ley de Goodhart: Cuando un indicador socioeconómico u otra medida sustituta se
convierte en el objetivo de políticas socioeconómicas, pierde el contenido
informativo que podía cualificarla para jugar ese papel.
• Ley
de Campbell: Cuanto más utilizado sea un determinado indicador social
cuantitativo para la toma de decisiones, mayor será la presión a la que estará
sujeto y más probable será que corrompa y distorsione los procesos sociales
que, se supone, debería monitorear.
El hecho es que la distribución
factorial en Venezuela ha sido muy regresiva y eso no se ve por el índice de
Gini, sino por el pago factorial de ingresos, en los últimos 16 años la
remuneración al capital ha crecido por encima de la remuneración al trabajo y
se incrementó a raíz de la estatización de los sectores productivos de la
economía. En los años 90 el pago factorial al trabajo era superior al pago del
capital y hoy el pago factorial al capital es dos veces mayor que el pago
factorial al trabajo. En otras palabras, el principal capitalista del país es
el gobierno mismo y ha utilizado todos los mecanismos del poder para favorecer
su remuneración en contra de los trabajadores y del sector empresarial privado.
El uso sistemático de los
aumentos del salario mínimo, sin correspondencia con la productividad y en un
escenario inflacionario creciente con una caída en el crecimiento, es una
pequeña curita que no resuelve el cáncer económico de la inflación y la
escasez. Su resultado es una distorsión
de los precios claves de la economía y una regresiva distribución del ingreso.
El aumento además de ser
insuficiente es desigual en el sector público por cuanto sólo las FANB reciben
un aumento general y lineal en toda sus escalas salariales de un 50% pero el
resto del sector público no. ¿A qué se debe dicha diferenciación? Pues simple,
el presidente les tira un bozal de arepa para que no lo saquen del poder.
Lamentable sombra de una FANB que ha devenido en el sostén de un gobierno
incapaz, triste papel de quien se dice heredo de un ejército de libertadores.
Los trece ajustes salariales es
sólo un reconocimiento implícito del fracaso del modelo económico y político que se ha querido
implantar en el país, ese modelo que quiere imponer el trabajo esclavista con
el decreto 9855 del 22 de julio del 2016 en la Gaceta Oficial 40950. Ese modelo que hasta la misma Cuba está huyendo
y va camino a ser socio de los Estados Unidos, porque ya los servicios
financieros del gobierno del PSUV no les alcanzan y los Castro (quienes son
chulos pero no tontos), saben que el gobierno actual tiene sus días contados.
(*) Jefe de
Cátedra de Macroeconomía. Profesor Agregado, Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales de la Universidad de los Andes, Mérida.
Fotografías: LB, conflictos en una cola (2016).
No hay comentarios:
Publicar un comentario