Empresarios venezolanos en
el Esequibo
Luis Barragán
Mes
y medio o dos meses atrás, supimos de una empresa de carácter privado, en la
que participan especialistas venezolanos de un anterior desempeño en PDVSA, que
busca o ha encontrado cupo en las concesiones petroleras, u en otros rubros,
otorgadas por el gobierno guyanés. Nos permitimos públicamente ventilar
nuestras observaciones, porque las redes sociales ya conocen del caso.
Absolutamente
desvinculados de las empresas presuntamente favorecidas o de las que buscan
favorecerse por Georgetown, preocupados por el presente y el futuro de nuestra
reclamación oficial, preferimos adoptar una posición más cautelosa al respecto.
Varias razones lo aconsejan, porque – en un extremo – puede tratarse de un
gravísimo delito de traición a la patria, o – en el otro – de una muy lícita
actividad comercial e industrial que amerita de
la consideración, investigación y ponderación de la Asamblea Nacional,
como de la propia opinión pública.
En
principio, versamos sobre una lícita actividad empresarial que busca y halla
oportunidades en el vecino país, sin que exista impedimento ningún legal,
excepto el moral que también puede alegarse. Que sepamos, no hay prohibición
alguna de relacionarse con el vecino país, expresa e inequívocamente, tal como
ocurrió con los inversionistas estadounidenses que tuvieron por obstáculo el
bloqueo oficial de Cuba, por muchos años, por lo que, sólo hipotéticamente,
PDVSA pudo concursar para ganar las concesiones guyanesas, o – mejor –
ciertamente la transnacional pudo sistemáticamente explorar las aguas
esequibanas de Venezuela para encontrar lo que ha anunciado la Exxon Mobil.
Muy
distinta situación es la de una empresa con participación minoritaria o
mayoritaria venezolana que, al desmadejarla, incurra en posibles delitos, como
el de los accionistas y directivos que
emplean una información adquirida ventajosamente con antelación, en desmedro de
nuestros intereses nacionales; que la conformación de la empresa cuente con
visos y vicios que, directa o indirectamente, comprometan a funcionarios
gubernamentales; incurra en un ecocidio u otros males que afecten la integridad
de un territorio que, al fin y al cabo, es nuestro; sus personeros incursionen
en dudosas labores paralelas; o quizá lo deseable es que presten sus servicios
al país que los vio nacer. En nada desmerecemos a las organizaciones
denunciantes en las redes sociales, haciendo nuestra la preocupación al
tratarse de un territorio en disputa, amparado por el Acuerdo de Ginebra que,
en todo caso, habla de una explotación conjunta.
El
asunto confirma de nuevo la necesidad de contar con una Comisión Especial
referida al Esequibo, en la Asamblea Nacional, tal como lo hemos planteado.
Naturalmente, orientada a la investigación, el control y la legislación
indispensable en la materia.
Fuente:
Fuente:
09/05/2016
http://noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=28342
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