A LO SUMO, UN AVISO (A QUIEN PUEDA INTERESAR)

EL NACIONAL, Caracas, 24 de mayo de 2015
Inquisición militar
Fernando Ochoa Antich

La reciente sentencia condenatoria dictada por el Consejo de Guerra Permanente de Caracas en contra del general Oswaldo Hernández, de los mayores Cesar Orta Santamaría y Víctor José Ascanio, de los capitanes Neri Adolfo Córdoba, Andrés Thomson Martínez y Laired Salazar a ocho años y siete meses de prisión; al coronel José Gregorio Delgado y al teniente coronel Ruperto Chiquinquirá Sánchez a siete años y seis meses de prisión y al capitán Juan Carlos Nieto Quintero a cinco años y 4 meses de prisión me ha causado una gran preocupación. Llego a pensar que la severidad de las penas lo único que busca es atemorizar. Es verdad que no conozco los detalles de lo ocurrido. De todas maneras, en la opinión pública surgieron numerosos y contradictorios comentarios sobre la supuesta planificación de una operación “Jericó”, originados por el silencio mantenido por el ministro de la Defensa y el Alto Mando Militar.
El primer vocero del régimen que trató sobre ese asunto fue Diosdado Cabello en su programa de televisión. Allí explicó detalladamente que diez oficiales de la aviación fueron detenidos por fraguar un fallido golpe de Estado, que  tenía por objetivo bombardear el centro de Caracas, específicamente la sede de Telesur, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar, el Tribunal Supremo de Justicia, el Palacio Blanco, el Palacio de Miraflores, la Fiscalía General de la República y el Ministerio de la Defensa. Posteriormente, Nicolás Maduro amplió la información en su programa En contacto con Maduro. Allí explicó que la operación Jericó tenía  por objetivo bombardear el acto conmemorativo del Día de la Juventud para atentar contra su vida, utilizando un avión Súper Tucano, comprado a una empresa en Virginia, al cual se le colocarían las siglas de la aviación militar venezolana.
Desde el primer momento manifesté mis dudas sobre la explicación que se daba sobre los detalles de la supuesta conspiración militar. No era posible aceptar que un golpe de Estado se ejecutara de la manera expuesta por los voceros del régimen. Fueron tan exagerados esos planteamientos que de inmediato surgieron chistes de todo orden, transformándose la supuesta conspiración militar en el hazmerreír de los venezolanos. En verdad, mi conclusión sobre lo ocurrido fue mucho más sencilla: es posible que  un grupo de oficiales, en alguna reunión, realizó comentarios sobre la compleja situación nacional con algún sentido crítico.  Justamente para eso, Nicolás Maduro creó una  nueva figura para nuestra comidilla política, “el patriota cooperante”. En mis tiempos se llamaba sapo, es decir un militar sin sentido del honor que buscaba obtener inmerecidos beneficios profesionales y económicos mediante chismes y calumnias en contra de sus compañeros de armas. Allí, y en la necesidad de justificar la represión, puede estar el origen de esta trama.
Esa es la razón por la cual creo que el juicio militar seguido en contra de esos oficiales no estuvo basado en hechos suficientemente probados y mucho menos que pueda justificarse una sentencia de tanta dureza. También me sorprendió que a todos los oficiales se les haya acusado de los mismos delitos: instigación a la rebelión y falta al decoro militar. En caso de ser así, es curioso que para la imposición de la pena  no se haya tomado en cuenta ni el grado militar ni el cargo ejercido. Otro aspecto que me causa inquietud fue la decisión tan rápida  que tomó el Consejo de Guerra Permanente. ¿Tuvieron suficiente tiempo la Fiscalía Militar y los abogados defensores para analizar a profundidad las pruebas presentadas? Tengo la impresión que sólo se analizaron pruebas testimoniales. Si fue así, no creo que sólo con ese tipo de pruebas se pueda determinar la verdad de unos hechos tan complejos como los que fueron  descritos por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
Hay otro aspecto que me causó un impacto negativo. La manera en que el general Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, comunicó a la opinión pública sobre la sentencia dictada por el Consejo de Guerra Permanente. No creo que un escueto mensaje en el  que apenas se diga: “La Patria hace justicia, Tribunales Militares sentencian a 8 oficiales de la Operación Jericó por instigación a la Rebelión y contra el Decoro Militar”, haya sido suficiente para informar sobre tan espinoso asunto. Lo primero que pienso es que la Patria en abstracto no hace justicia. Esta sentencia fue dictada por hombres sometidos a un sinnúmero de presiones políticas, como ocurre en toda sociedad. Tampoco creo que esos oficiales hayan cometido algún delito en contra de la Patria.