34 quedaron afuera
Ascenso para 233 oficiales recomendó Defensa del Senado
El dictamen de la Comisión fue aprobado con 6 votos a favor (AD-Copei-Proyecto Venezuela), 2 salvados (Mas-PPT) y 1 en contra (MVR). Si el Presidente emite un decreto en favor de los aspirantes que no están incluidos en la lista de la Cámara Alta, se pondría al margen de la Constitución y podría ser enjuiciable, advirtió el senador José Mariano Navarro (AD)
JAVIER IGNACIO MAYORCA
La Comisión de Defensa del Senado recomendó a la plenaria de esa Cámara la autorización para ascenso de 233 de los 267 aspirantes a los grados de coronel, capitán de navío, generales de brigada y de división, contralmirantes y vicealmirantes.
Esto implica que no subirán de rango 34 de los nombres propuestos por el Ejecutivo nacional. De acuerdo con la explicación de los senadores, el factor que más los afectó fue haberse excedido del tiempo máximo de permanencia en el grado que actualmente tienen, según lo estipulado en el artículo 181 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.
Tal y como se había anunciado, en el seno del grupo parlamentario se produjo una decisión dividida y se impuso el criterio de los partidos Acción Democrática, Copei y Proyecto Venezuela, que reúnen 6 de los 9 votos. La única posición en contra correspondió al Movimiento V República, mientras que los representantes del Movimiento al Socialismo y Patria Para Todos salvaron su voto.
Al concluir las deliberaciones, el capitán (r) Carlos Guyón Celis, presidente de la Comisión y militante del MVR, señaló que este resultado prueba la existencia de "un enfrentamiento de poderes a nivel político". Reiteró que el argumento del artículo 181 no es válido, pues no había sido aplicado con igual rigor en los años precedentes.
Los 34 oficiales, indicó, se quedaron rezagados de sus promociones por los problemas que tuvieron con "un grupo de oficiales generales que se enquistó en las Fuerzas Armadas". Aseguró, además, que el Presidente de la República, en uso de sus atribuciones como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, los ascenderá mediante procedimientos administrativos, "y las personas que cuestionen esto pueden ir a la Corte Suprema de Justicia".
El senador José Mariano Navarro, quien representa a la bancada mayoritaria dentro de la comisión (AD), declaró que el artículo 181 de la Lofan es "indubitable" en su contenido, y por lo tanto su puesta en práctica es obligatoria.
-Esta norma ha sido aplicada, desde su entrada en vigencia, en forma pacífica y reiterada, sin excepción alguna, por ser de mero procedimiento y de carácter objetivo, que no prejuzga sobre ninguna otra materia -añadió.
En alusión a la posición de la coalición gobernante, Navarro dijo que los requisitos legales exigidos para el ascenso "no pueden relajarse mediante acuerdos de naturaleza alguna". Advirtió que el jefe del Estado sería enjuiciable si emite un decreto en beneficio de los 34 oficiales, pues esto lo colocaría al margen de la constitucionalidad.
Abdón Vivas Terán (Proyecto Venezuela), explicó que el Senado en estos casos ejerce un rol contralor. Sostuvo que los 34 oficiales fueron incluidos en la lista remitida al Parlamento por decisión de Miraflores, y no de las Fuerzas Armadas, dejando sin oportunidad de ascender este año a otros militares de carrera que sí tenían "expedientes intachables".
Sin visto bueno
Los oficiales cuyo ascenso no fue recomendado por la Comisión de Defensa del Senado son los siguientes:
Ejército: coroneles Julio Ramón Quintero Viloria y Hugo Lino Useche Vivas; tenientes coroneles Jesús Jiménez Freites, David López Rivas, Francisco Vargas Hidalgo, José Chipite González, Luis Mijares Briceño, Kerman Rodríguez Figueroa, Nelson Rodríguez Delgado, Moisés Montero Ferrer, Douglas Arrieche Zerpa, Nestor Morales Ramos, Marcos Fernández Hernández, Esmerildo Finol Villalobos, Julio Romero Rodríguez. Son 15 en total.
Armada: capitanes de fragata Jesús Alejandro Arcilla Rodríguez y Alonso José Isea Monagas. Son 2 en total.
Fuerza Aérea Venezolana: coronel José Moreno Guillén, y los tenientes coroneles Pedro Ernesto Gómez Moncada, Pedro José Torres Finol, José Carrasquero Cabrera, Carlos Emilio Guillén Valero, Humberto Mijares Enríquez y José Arévalo Colmenares. Son 7 en total.
Fuerzas Armadas de Cooperación: coronel Gerardo Ditrolio Rivero y tenientes coroneles Omar Angel Aranguren, Freddy Colmenárez Méndez, Williams Rivero Fajardo, Pedro Celestino Pérez, Rodolfo Morales Ramírez, Lorenzo Acevedo Zambrano, José Simancas Contreras y José Darío Contreras. Son 9 en total.
EL NACIONAL - VIERNES 2 DE JULIO DE 1999 POLITICA
Capriles Radonski: Los ascensos requieren la autorización del Senado
"Uno se pregunta si los candidatos del Polo Patriótico que sean electos como miembros de la Asamblea van a responder a su conciencia o a los requerimientos del jefe del Estado", dijo el presidente de Diputados
ASCENSION REYES R.
El titular de la Cámara de Diputados, Henrique Capriles Radonski, le recordó al presidente Hugo Chávez Frías que, de acuerdo con la Constitución, es el Ejecutivo el que propone los ascensos militares, pero que éstos requieren de la autorización del Senado.
Capriles Radonski hizo la afirmación ante el anuncio del jefe del Estado de ascender él mismo, en los jardines del Palacio Legislativo, a los oficiales objetados por la Cámara Alta.
-No entiendo por qué el Presidente insiste en provocar; creo que debe darse cuenta del mensaje tan negativo al país y a los venezolanos. El mensaje interno es el desconocimiento de lo que establece la Constitución, y pudiera ser que en el día de mañana se vaya a la anarquía. Le pregunto qué pasaría si nos negáramos a pagar los impuestos -expresó.
Tras plantear, por ejemplo, por qué se pagan el débito bancario y el IVA, el parlamentario se respondió a sí mismo al decir que "se hace porque la ley lo dice; y bueno, ¿la Constitución no dice también que la autorización de los ascensos le corresponde al Congreso?".
-Todos estamos obligados a respetar la Constitución, incluyendo al Presidente de la República. No veo la necesidad de caer en esta actitud, por todo el tiempo que se pierde en la confrontación y provocación; eso no es lo que quiere la gente -añadió.
Manifestó que el escenario del Congreso de la República no es de campaña electoral, y de lo que se trata es de una sesión solemne para conmemorar el 5 de julio de 1811.
Esto lo dijo ante la exhortación del Consejo Nacional Electoral para que el Parlamento no invite como oradores de orden en actos patrios a candidatos a la Constituyente.
-Según la información que tengo del propio orador de orden, Jorge Olavarría, es que el discurso, que tendrá una duración de 35 a 40 minutos, no será para nada un discurso electoral; tampoco de confrontación con el Presidente de la República. La intervención será referida a la fecha histórica que se conmemora ese día -indicó.
Reiteró que no habrá mensajes de campañas y añadió que, "de todas maneras, el Congreso no va a permitir que lo conviertan en escenario de campaña electoral, a pesar de que es un foro de debate político".
En relación con la amenaza del Presidente del disolver el Parlamento, acotó que esa atribución no le corresponde al jefe del Estado, que por lo demás no es candidato de la Constituyente.
-Uno se pregunta si los candidatos del Polo Patriótico que sean electos como miembros de la Asamblea van a responder a su conciencia o a los requerimientos del Presidente. Debemos sincerarnos y decir cuál es la necesidad de disolver el Congreso. ¿Acaso el Parlamento va a entorpecer el proceso constituyente? Otra cosa es reestructurar el Poder Legislativo, y eso se establecerá en la nueva Carta Magna.
Capriles Radonski insistió en que no entiende lo que calificó de contradicción del mensaje presidencial. "Una cosa dice en Venezuela y otra en el exterior; pero le pregunto: qué es más importante, el clima de estabilidad y tranquilidad en Venezuela o la imagen que podamos dar afuera. Espero que al Presidente le preocupe que venga la inversión extranjera que necesitamos".
Pese a las declaraciones de Capriles Radonski, se supo que sectores de la oposición se reunirían anoche para tratar de llegar a un acuerdo sobre la posición que adoptarán el 5 de este mes. Se habló incluso de suspender la sesión o de cambiar el orador de orden.
EL NACIONAL - SÁBADO 3 DE JULIO DE 1999 OPINION
Editorial
Gorras y gorriones
La confrontación por los ascensos militares se veía venir, y nada se hizo por evitarla, como si entre gorras y gorriones existiera un acuerdo para un buscar un campo de batalla para medir fuerzas: ahora sólo falta esperar el choque producto de la imprudencia de ambos contrarios. Es necesario padecer de una ceguera total para no darse cuenta del curso inevitable de los acontecimientos, de su impresionante dinámica interior, de los factores inesperados que precipitan la agonía de las instituciones como parte de una crisis que se vive desde hace muchísimo tiempo y que ahora aflora en toda su dimensión, en un marco de provocaciones innecesarias y desestabilizadoras. Se insiste en analizar desde los viejos esquemas lo que sucede, y de ello surge una mayor confusión que en nada ayuda a comprender el momento histórico que vivimos, ni mucho menos a proponer soluciones sensatas a los problemas inmediatos que tenemos ante nosotros: todo se deja para el proyecto futuro.
Si de algo ha servido esta cuestión de los ascensos militares es para preguntarnos dónde estamos situados en este momento como país político, cómo y de qué manera comprendemos lo que nos pasa y si realmente tenemos una clara apreciación del proceso que se está gestando al interior de la sociedad venezolana. Pareciera que hemos dejado al arbitrio de los dos polos una cuestión tan importante y trascendente que, por sus dimensiones históricas, no puede quedar en tan pocas y peligrosas manos. Es el destino de un país lo que está en juego y lo que se decide no debe ser el producto de un gran confrontación arrasadora, que humilla a los vencidos o invita a la violencia contra las instituciones.
La sociedad civil debe intervenir para crear de inmediato un centro de equilibrio, basado en una sólida estatura moral, que evite este forcejeo absurdo que a nada positivo conduce, sino más bien al caos de los odios. Lo que se exige ahora es que todos los venezolanos entendamos de una vez por todas que estamos inmersos en un importantísimo proceso de transición, que es inevitable por el agotamiento del modelo actual y que el camino puede ser doloroso si no lo manejamos con la prudencia y la sabiduría que exigen esos momentos tan trascendentales en la vida de los pueblos.
En la medida en que entendamos la transición y aceptemos su necesidad histórica, podemos intervenir en el desarrollo de un modelo que no sea el producto de los delirios populistas de un gobernante y su grupo, ni tampoco la guarida protectora de quienes se convirtieron en gestores de la corrupción oficial, llevando al país a la quiebra moral y a la pobreza material. Como rechazamos todo ese pasado, como entendemos claramente que lo que tenemos ahora no merece ningún respaldo ni preocupación, como lo que aspiramos debe traducirse en algo nuevo y mejor, entonces debemos romper ese juego bipolar en el cual estamos aprisionados en este momento, entre dos adversarios sordos ante los argumentos del otro, empeñados en una batalla destructiva que sólo a ellos les interesa. El resto del país sólo piensa en la sociedad más justa, abierta y eficiente dentro de la cual desea construir, como es justo, sus aspiraciones particulares, sin que ellas se levanten sobre una espantosa miseria colectiva.
Resulta evidente que la ruptura con el modelo anterior (un punto sobre el cual no cabe duda alguna) exige una participación mayor de la sociedad en el proceso, no sólo de cerrar las puertas al pasado, sino de diseñar un nuevo proyecto social para Venezuela. Esto no ha ocurrido porque los dos actores actuales no tienen ningún interés en que ello ocurra, porque cederían protagonismo y control en los acontecimientos, ante los cuales se sienten predestinados, unos como profetas de la nueva vía y otros como cancerberos de las "instituciones democráticas". De manera que establecen una amplia franja entre el resto de la sociedad y ellos, franja que les sirve como terreno para sus batallas de opinión. Pero no es fácil comulgar con esa rueda de molino: a estas alturas de los acontecimientos, sólo a un idiota redomado se le puede vender la idea de que la sociedad venezolana está dividida entre "buenos y malos", como en una película de vaqueros.
La cosa no es tan sencilla y más le vale que lo entiendan así ahora. En las sociedades modernas los procesos de cambio son bastantes más complejos que participar en un torneo de insultos. Exigen a la dirigencia no sólo la capacidad de conducir una serie de batallas, sino también la solidez reflexiva del estadista y el sentido histórico suficiente para comprender su tiempo.
EL NACIONAL - SÁBADO 3 DE JULIO DE 1999 POLITICA
Ascensos militares también enfrentarán a Chávez con la CSJ
Ya con el Congreso la confrontación es directa, puesto que no acatará lo dispuesto por el Senado. Pero en cuanto al Poder Judicial, si cualquier ciudadano toma la iniciativa de recurrir a la Corte Suprema de Justicia en virtud de que el jefe del Estado está violentando la Constitución, el máximo tribunal no tendrá otro camino que intervenir
ASCENSION REYES R.
El caso de los 34 oficiales cuyos ascensos no fueron autorizados por el Senado, pero que por decisión presidencial gozarán de ese beneficio, presenta dos aspectos: la legalidad y la constitucionalidad.
Especialistas consultados, que por ahora se reservan su identidad, afirmaron que son ilegales los ascensos que otorgará el Presidente a esos oficiales, por cuanto caen en los supuestos establecidos en el artículo 181 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales.
La regla indica que a partir de la entrada en vigencia de la reforma de esa ley, vigente desde 1995, "la opción de ascenso para el personal de oficiales y suboficiales caduca a los dos años de haberse cumplido el tiempo mínimo requerido en el grado para el ascenso, en caso que no sea efectuado si se probare que durante este lapso ha tenido un alto potencial para ascenso, serán retirados con goce de sueldo y demás beneficios del grado inmediatamente superior".
Además, los ascensos se hacen sin la autorización del Senado de la República. Esta norma tiene rango constitucional, puesto que el artículo 150 de la Constitución determina que los ascensos militares los autoriza el Senado.
Para algunos sectores, lo grave es que el jefe del Estado se coloca "casi al borde de la ruptura del hilo constitucional", mientras otros argumentaron que incluso hasta el Alto Mando Militar tendría responsabilidad en la violación de la Carta Magna.
Sin embargo, para algunos el Alto Mando Militar podría alegar como defensa el principio de obediencia al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, el Presidente de la República.
La decisión del jefe del Estado tendrá como consecuencia que, además del enfrentamiento con el Poder Legislativo, también lo tenga con el Judicial.
Ya con el Congreso la confrontación es directa, puesto que no acatará lo dispuesto por el Senado. Pero en cuanto al Poder Judicial, si alguien, cualquier ciudadano, toma la iniciativa de recurrir a la Corte Suprema de Justicia en virtud de que el jefe del Estado está violentando la Constitución, el máximo tribunal no tendrá otro camino que intervenir en el caso.
Se argumenta que la Corte tendría que echar para atrás la decisión presidencial del ascenso de los 34 oficiales cuestionados, porque es evidente la violación de la norma constitucional.
Para resolver el conflicto de poderes, se podrían utilizar tres vías: la negociación, como siempre se ha hecho; intentar la nulidad del acto del Senado ante la Corte Suprema de Justicia; o modificar la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales.
El presidente Chávez, escogió otro camino, quizá el que más ha transitado en estos cinco meses de gobierno: la confrontación.
EL NACIONAL - SÁBADO 3 DE JULIO DE 1999 POLITICA
EL METODO DEL DISCURSO
Ahora sí
FAUSTO MASO
Hasta los ciegos ven que Chávez se pasó de la raya. Le toca a las instituciones jugarse el resto para preservar la poca dignidad que les queda, o mantenerse en pie hasta el último cheque. Las instituciones o yo, proclama Chávez. Antes de tiempo estalla la madre de todas las batallas. El cazador ha caído en su propia trampa. Demasiada torpeza. Sin necesidad, Chávez adelanta los acontecimientos. La Asamblea Constituyente hubiera podido disolver el Congreso; el Congreso, a su vez, prefiere provocar la crisis ahora: mejor caer con las botas puestas. Sólo se justifica la torpeza de Chávez por el temor a perder la Constituyente, o que no sea a la postre como él sueña. Sin necesidad, terminó lanzándose de un décimo piso sin paracaídas. Y, de paso, arrastró al país. Imaginemos el enfrentamiento de poderes. ¿Quién le comprará un bono a Venezuela? Chávez ha escogido la vía de la confrontación interminable. Eso tiene un precio.
En el Congreso se radicalizan los moderados, que buscaban desesperadamente una salida.
Les han tirado la puerta en las narices. Este no es un país de cobardes. "Si me vas a matar, dispara de una vez y no molestes tanto", dicen.
Los acontecimientos de esta semana marcan una dirección. A esta altura resulta académico discutir la conveniencia de militarizar la PTJ, o de imponer los ascensos militares. Se ha roto la división de los poderes. Si triunfa Chávez, los empresarios mirarán hacia otra parte; los que reciban protección, agricultores, industriales, le encontrarán su encanto al nuevo régimen. Los capitalistas han prosperado vendiéndole la soga a los que quieren ahorcarlos; con lo que ganan, emigran.
La sociedad moderna descansa sobre el predominio del poder civil y el acatamiento de la ley. Peor que las amantes de los presidentes se vistan de militares, es que los militares impongan su voluntad. Las amantes demostraban la corrupción de la democracia; los militares, cuando se salen de su lugar, la entierran. El precio lo pagará la propia democracia y el Ejército. Apaga y vámonos.
A pesar de que Chávez se rebele contra las cúpulas, su presunta revolución es también obra de un cogollo. A las convocatorias frente a la Corte o al Congreso acuden cincuenta personas, no los cientos de miles que llenaban la Plaza de la República en la Habana, en 1959. Por la calle no se oye hablar de revolución, sino de desempleo. El venezolano sepultó a Acción Democrática y a Copei el pasado diciembre. Pero, ojo, si en unos meses ve que el queso de la tostada son discursos, desenterrará a AD, siempre y cuando AD tenga la decencia de darse un nuevo rostro, de atreverse a contar, aunque el precio sea el triunfo de Antonio Ledezma. A menos que surja un nuevo partido en el país, de lo que por ahora sólo se habla. Los chavistas inteligentes justifican todo cuando dicen que con ese estilo Chávez ha llegado lejos; no lo comparten, pero lo apoyan. Sin embargo, cada vez están menos convencidos de que la confrontación infinita sea el mejor camino.
A pesar de la ignominia, de Recadi, el desmadre, la ruina económica, estos cuarenta años, en especial los primeros veinte, fueron preferibles a los de Gómez, las montoneras, el perezjimenismo. Fusilemos a los corruptos, cambiemos la Constitución, pero no abandonemos el logro de estos años, la conciencia democrática, la aspiración de que las leyes no sean letra muerta.
A última hora se intentó que Mario Moronta o Luis Ugalde fueran los oradores del 5 de julio; conseguir que los oficiales ascendidos solicitaran un amparo a la Corte, con el compromiso de cambiar la ley después del 5 de julio. Arias Cárdenas le pidió al Presidente que postergara los ascensos. El discurso del jueves cerró las puertas. ¿Para qué engañarse? Por Caracas avanza la inquietud. Estas cosas se sabe cómo comienzan, nunca cómo terminan; los rumores corren, piedras traen. Algunos incondicionales golpean la mesa del café y aplauden a Chávez, lamentan que haya demorado tanto en actuar.
Recuerdan otros ascensos arbitrarios. Se definen a favor de Chávez con razón, o sin ella. Viejos enemigos del militarismo aplauden, se vengan de las humillaciones de los años sesenta. Hablan de los atropellos de Betancourt para justificar pasarse al enemigo.
Sin embargo, se nota menos pasión en el discurso. Gritan, porque les falta convicción.
Es de noche, oscurece. La historia recogerá los acontecimientos de los próximos días.
Veremos si Aristóbulo, el procurador general de la República, Miquilena, Peña, Andrés Velásquez, José Vicente, acompañarán hasta el final al Presidente. Aguardemos que igual que Julio César, cuando lo apuñaló Bruto, las instituciones caigan con dignidad.
Como para echarse a llorar.
EL NACIONAL - SÁBADO 3 DE JULIO DE 1999 / POLITICA
Jefe de la fracción socialcristiana:
"El Congreso no es un cuartel y Chávez no es su comandante"
Copei exigirán a la Fiscalía y a la Corte someter al mandatario a la Constitución y las leyes. Omar Barboza, de AD, dijo que el Parlamento tendrá que solicitar al máximo tribunal la nulidad de los ascensos rechazados por el Senado, mientras José Albornoz, de PPT, denunció que los partidos de oposición quieren dividir la institución castrense
ALEXANDER DUARTE
El jefe de la fracción parlamentaria de Copei, César Pérez Vivas, anunció que en las próximas sesiones del Congreso propondrán que se solicite al fiscal general de la República, Rafael Pérez Perdomo, que evalúe la conducta del mandatario y pida la nulidad de los ascensos. Además, exigirán tanto e esa instancia como a la Corte Suprema de Justicia que sometan al presidente Hugo Chávez al cumplimiento de la Constitución y las leyes.
El parlamentario dijo que los ascensos otorgados a los 33 oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales no tienen validez sin la autorización del Congreso. Explicó que en el futuro esos militares deberán reponer al Fisco Nacional los ingresos que hayan devengado en los grados que no les corresponden, porque legalmente no son portadores de éstos.
Omar Barboza, jefe de la fracción de Acción Democrática, comparte esa posición, por lo que agregó que habría que solicitar al contralor Eduardo Roche Lander que realice una investigación, porque si se hace efectivo el cobro de dietas o beneficios que no les corresponden a esos oficiales, "evidentemente se estaría afectando ilegalmente el patrimonio público".
César Pérez Vivas manifestó preocupación porque el Presidente de la República ha asumido una actitud de reto y provocación que afecta a todas las instituciones del país. "El Congreso no es un cuartel y Chávez no es su comandante", dijo.
"El presidente está actuando como cualquier tirano (...), con lo cual le hace daño al país, aleja las inversiones extranjeras y genera más hambre y desempleo", añadió. El parlamentario calificó de "demencial e irracional" la actitud del jefe de Estado.
Omar Barboza respalda la idea de que el Congreso, a través del Ministerio Público, demande ante la Corte Suprema de Justicia la nulidad de los ascensos, otorgados ilegalmente, según dijo.
Al referirse a las amenazas de cerrar el Congreso, expresó que la Asamblea Constituyente no tiene esa facultad, porque la Corte Suprema de Justicia sentenció que no tiene carácter originario. "El cierre del Congreso sería un golpe de Estado", advirtió.
Abdón Vivas Terán, de Proyecto Venezuela, manifestó que el desconocimiento de la decisión del Congreso es un golpe de Estado fáctico y un acto injusto hacia otros oficiales de las FAN, que se verán afectados por la actuación del Ejecutivo Nacional.
El senador recordó que las propias juntas evaluadoras de las FAN, de las cuales forma parte el ministro de la Defensa, rechazaron a 29 de los 33 oficiales promovidos ilegalmente, porque fueron declarados no competentes.
Fisuras
José Albornoz, jefe de la fracción parlamentaria de Patria Para Todos, afirmó que la intención de Acción Democrática, Copei y Proyecto Venezuela, al no otorgar los 33 ascensos, es crear fisuras en las Fuerzas Armadas Nacionales.
Advirtió que los partidos de oposición no lograrán dividir la institución castrense porque, según dijo, el sector militar está "más que nunca consciente de lo que ocurre en el país".
El jefe de la fracción del Movimiento al Socialismo, Nelson Rampersad, apuntó que el fiscal general puede tomar las iniciativas que crea pertinentes con respecto a los ascensos, pero cree que eso no resolvería el problema de fondo.
Explicó que evidentemente se cometió una injusticia al no ascender a los 33 oficiales en su debido momento, lo que atribuye al Congreso que, según opinó, al intervenir en esa materia politiza una institución apolítica, que debe ser disciplinada.
El parlamentario considera que la solución consiste en que la nueva Constitución que se derive de la Constituyente elimine el artículo que otorga al Senado la potestad de decidir sobre los ascensos militares, y que deje esa materia en manos de las FAN.
EL NACIONAL - SÁBADO 3 DE JULIO DE 1999 PRIMERA PAGINA
Chávez ascendió a los 33 oficiales rezagados y está dispuesto a pelear en la Corte Suprema
"El artículo 181 de la Ley de las Fuerzas Armadas no es una norma, es una confabulación y es inconstitucional", argumentó
Durante la rueda de prensa conjunta con el jefe del Gobierno español, el Presidente dio plenas garantías de que los cambios en Venezuela se harán en paz y en democracia. Afirmó que, pese a su enfrentamiento con los otros poderes públicos, no tiene intención de dar un golpe de Estado, "ni duro ni blando, ni institucional ni encubierto"
El jefe de la fracción socialcristiana, César Pérez Vivas, aseguró que la promoción de los 33 oficiales rechazados por el Senado no tiene validez y que tanto la Fiscalía como la Corte deben someter al presidente Chávez a la Constitución y a las leyes. Omar Barboza (AD) dijo que el Congreso tendrá que solicitar a la CSJ la nulidad de esos ascensos. Abdón Vivas Terán (Proyecto Venezuela) recordó que 29 de esos militares fueron declarados no competentes por las juntas evaluadoras de las FAN
Nelson Rampersad (MAS) considera que la solución está en dejar en manos de la institución castrense la decisión sobre las promociones de altos oficiales; y José Albornoz (PPT) denunció que la oposición quiere dividir a las Fuerzas Armadas, aunque reconoció que el lenguaje presidencial "incita al enfrentamiento"
EL NACIONAL - MIÉRCOLES 7 DE JULIO DE 1999 POLITICA
Carlos Guyón: Magistrados validarán ascensos objetados por el Congreso
Yeneiza Delgado Mijares
El presidente de la Comisión de Defensa del Senado, Carlos Guyón, expresó confianza en que la Corte Suprema de Justicia validará el ascenso de los 33 oficiales de alto rango objetados por el Congreso, si se decide la demanda de nulidad de la decisión del primer mandatario nacional, Hugo Chávez.
"Yo no creo que la Corte los anule (los ascensos). Tengo la plena certeza de que la Corte va a crecerse en este momento, y que estará apegada a los cambios, las transformaciones y el momento histórico que estamos viviendo", dijo el senador en el Palacio de Miraflores, luego de entrevistarse con el ministro de la Secretaría, general Lucas Rincón Romero.
Guyón reiteró que el artículo 44 de la Constitución establece que la ley no puede ser retroactiva para perjudicar. Explicó que las disposiciones del artículo 181 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas no puede aplicarse al grupo de oficiales que el presidente Chávez ascendió el viernes pasado, porque la mayora se graduó mucho antes de 1983, año en que se hizo la primera reforma de esa ley.
"El Presidente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas está cumpliendo con el artículo 44 de la Carta Magna, por lo que no está desapegado a ese texto. Además, desde su alto rango quiere ejercer un acto de justicia en oficiales que después del 4 de febrero fueron vilmente sancionados y vilipendiados, de tal forma que se les destrozó la conducta", dijo.
El también capitán en situación de retiro desmintió que las FAN se estén fracturando con las decisiones del jefe del Estado, tal y como lo afirmó el historiador Jorge Olavarría, durante el discurso de orden en conmemoración del 188 aniversario de la Firma del Acta de Independencia.
EL NACIONAL - DOMINGO 4 DE JULIO DE 1999 / SIETE DIAS
Historia viva
El golpe
jorge olavarria
El Estado se desmorona y el Presidente da un golpe. La recesión golpea duramente a los venezolanos y el desempleo llega a niveles explosivos. La ministra de Hacienda se marcha. Lo hace después de haber probado en carne propia las duplicidades de las cuales es capaz el Presidente al cual accedió lealmente a servir, y haber constatado la ineptitud de la coronelización del Seniat. La inseguridad aterroriza al ciudadano desvalido y una maniobra para militarizar la única policía que medio funciona amenaza desarticularla. Lo que ha costado años de esfuerzos por profesionalizarla y tecnificarla parece que se va a perder. Los empresarios de la pequeña y mediana industria se reúnen con el Presidente y esperan oír de él alguna voz que les dé esperanza y lo que escuchan es un discurso sobre la Constituyente. Los empresarios del turismo hacen lo mismo y lo que escuchan son vaguedades de proyectos fantasiosos del "eje Orinoco-Apure". Margarita no tiene un servicio eléctrico confiable y Chávez habla de desarrollar la desierta isla de la Tortuga. Y para culminar una alucinante serie de disparates, Chávez propone a los jefes de Estado de Latinoamérica crear una fuerza militar conjunta con exclusión de Estados Unidos, llevando a pensar que las Fuerzas Armadas venezolanas van a firmar un pacto de mutua defensa con Tirofijo, Daniel Ortega y Fidel Castro.
¿A dónde vamos?
En medio de este caos, Hugo Chávez da el golpe de Estado que tantas veces ha prometido y anunciado. Lo hace con un acto de grosera usurpación, ascendiendo a unos oficiales de las Fuerzas Armadas en abierta y descarada violación de los requisitos que la Ley y la Constitución establecen para ello. Su argumentación no puede ser más deleznable. Alega que puesto que ascensos anteriores estaban malogrados de corruptelas, tráfico de influencias y otros vicios, ello lo autoriza para hacer lo que ha hecho.
La deleznable ética que el jefe de Estado demuestra con este raciocinio, fractura en su base los alegatos con los cuales se justificó la rebelión militar de 1992, relegándola a ser un intento bastardo de apoderarse del poder para hacer lo que censuraba y no para corregir sus vicios. Con este raciocinio Chávez ha insultado seriamente a todos los oficiales ascendidos en los últimos 40 años. Ha ofendido todo el mecanismo de ascensos militares que con todos los vicios que puedan imputársele, y todos los errores e injusticias humanas que puedan haberse cometido, su balance general representa en nuestra historia un período de incomparable esfuerzo hacia el profesionalismo del poder militar de un Estado democrático, indudablemente superior a todo sistema de ascensos militares de los anteriores períodos.
Además de eso, Chávez alega para justificar su usurpación, tratos discriminatorios e injustos del pasado gobierno con oficiales cuyo ascenso fue retardado o negado por su vinculación con él. No es posible opinar acerca de esto sin conocer los detalles de cada caso. Pero sí es posible elevar la más enérgica protesta ética por la inmoralidad global que ello implica. Compensar por esta vía lo que subjetivamente pueda calificarse como el sacrificio que de su carrera hicieron los oficiales rebeldes o simpatizantes de 1992, implica castigar a los oficiales que entendieron como su deber el mantenimiento del gobierno legítimo. La subversión ética que esto significa, plantea en el seno de las Fuerzas Armadas la más delicada cuestión de los últimos 40 años, la cual, de no resolverse por la única vía que esto puede tratarse, que es la de la Ley, tendrá el efecto de una piedra en el engranaje militar.
Llegó la hora
La maniobra es de un maquiavelismo perverso. Chávez ha dado su golpe de Estado, haciendo a los militares ascendidos irregularmente cómplices obligados de su acción. El hecho arrastra a todo el estamento militar que tuvo algo que ver con que la irregularidad de las solicitudes presentadas llevaran a lo que ha sucedido. Y plantea a todos y cada uno de los miembros de las fuerzas armadas un hecho ante el cual no hay lugar para la inhibición. O se está o no se está de acuerdo con lo que se ha hecho.
¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer? Ejercer sin dilación o duda todos los recursos que da la ley. La acción del Presidente es un reto al Senado, al Congreso y al fiscal general de la República. La Comisión de Defensa del Senado hizo lo que debía hacer. Lo contrario hubiera sido hacerse cómplices de lo que es objetivamente una abierta violación de la Ley. Ahora falta ver si los poderes cumplen con las obligaciones que las acciones del Presidente hacen necesarias. Al momento de escribir esto, no sé si el Senado se va a desdecir o va a dar marcha atrás. Si no lo ha hecho, entonces le habrá llegado la hora a Rafael Pérez Perdomo, nuevo fiscal general de la República para demostrar que tiene el valor que se necesita para cumplir con su obligación de velar por la exacta observancia de la Constitución y las Leyes e intenta la acción que procede en contra del Presidente de la República. Si lo hace, le habrá llegado la hora a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de cumplir con su obligación de declarar si hay o no méritos para enjuiciar al presidente de la República. En suma, si los hombres y las mujeres en los cuales se personifican los poderes del Estado no cumplen con las obligaciones de sus cargos, se harán merecedores de ser expulsados como el Presidente ha amenazado lo hará. Y entonces entraremos en otra etapa de violencia e incertidumbre, de la cual sólo queda la esperanza que a la larga, salga una Venezuela distinta.
Constituciones y ascensos
En la Constitución de 1811, el Poder Ejecutivo estaba sometido al "previo aviso, consejo y consentimiento del Senado" para otorgar todos los ascensos militares, sin excepción. La Constitución de 1819 fue la primera que estableció que la aprobación del Senado sería necesaria para los grados de coronel y capitán de navío en adelante, tal como lo dispone la Constitución de 1961. La atribución del Senado para dar o negar su consentimiento a los ascensos militares se consignó en el numeral 2 del artículo 65 de la Constitución de 1830, se repitió en el numeral 2 del artículo 28 de la Constitución de 1857; y en el numeral 2 del artículo 53 de la Constitución de 1858.
La Constitución Federal de 1864 omitió esta obligación y sólo consignó en el numeral 29 del artículo 43 relativo a las atribuciones de la Legislatura el "determinar la manera de conceder grados o ascensos militares". Esta fue una de las causas para la orgía de despachos de generales y coroneles que otorgó Falcón, quien disponía de ellos con los nombres en blanco, llegando a hacer del grado militar materia de irrisión. Esto se repitió en las constituciones de Guzmán Blanco de 1874 (numeral 29, artículo 43) y de 1881 (numeral 28, artículo 43), la de Andueza Palacio de 1891 (numeral 28, artículo 43), la de Joaquín Crespo de 1893 (numeral 27, artículo 44).
Fue la primera Constitución de Cipriano Castro de 1901 la que devolvió al Senado la facultad de conceder los grados militares, de coronel y capitán de navío para arriba (numeral 8, artículo 38). Sin embargo, en la segunda Constitución de Castro de 1904 esta facultad específica quedó suprimida y subsumida en alguna atribución general.
La primera Constitución de Gómez de 1909 atribuyó al Congreso la facultad de "determinar la manera de conferir grados y ascensos militares y conferir los de teniente coronel en adelante" (numeral 25, artículo 57). La Constitución de 1914 en el numeral 4 del artículo 41 le devolvió al Senado la atribución que tenía de aprobar los ascensos de coronel y capitán de navío en adelante. La tercera Constitución de Gómez de 1922, que estableció una dictadura dinástica, repitió en el numeral tercero del artículo 41 la atribución del Senado de consentir o negar los ascensos militares. Esto se repitió en la Constitución de 1925, la de 1928, 1929 y 1931.
La Constitución de 1936 del general Eleazar López Contreras, aprobada, repitió la atribución del Senado de consentir los ascensos militares y la Constitución de 1945 de Isaías Medina Angarita lo sostuvo. La Constitución de 1947 es la primera que desarrolla una doctrina del poder militar de un Estado democrático en el capítulo del título cuarto. El numeral segundo del artículo 156 de esta Constitución dice que es atribución privativa de la Cámara de senadores "autorizar el ascenso de los oficiales militares y de aviación desde coronel y de los navales desde capitán de navío, ambos inclusive".
La Constitución de 1953, producto de la Constituyente espúrea elegida mediante fraude y golpe de Estado el 2 de diciembre de 1952 por Marcos Pérez Jiménez, sin embargo, mantuvo en el número segundo del artículo 79 la atribución del Senado de autorizar los ascensos militares, con una coletilla interesante "previo el cumplimiento de los requisitos legales". La Constitución de 1961 estableció en el numeral quinto del artículo 150, la atribución del Senado de "autorizar el ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas desde coronel y capitán de navío inclusive".
Como se ve, en este breve y superficial repaso de la historia constitucional venezolana, sólo las constituciones de 1864, 1874, 1881, 1891, 1893 y 1904 omitieron darle al Senado esta atribución. La Constituyente de Chávez producirá una Constitución que dirá: "Los ascensos militares se harán como a Chávez le dé la gana".
jolava@viptel.com
EL NACIONAL - DOMINGO 4 DE JULIO DE 1999 POLITICA
Sostiene el presidente de AD
En Venezuela se dio un golpe de Estado sin disfraz
El presidente de Acción Democrática, Carlos Canache Mata, considera que la actitud del jefe del Estado, Hugo Chávez, de desconocer la autoridad del Congreso en el caso de los ascensos militares, constituye "una violación flagrante y abierta de la Constitución nacional" y aseguró que el 2 de julio Venezuela pasó "de una democracia de charreteras a un golpe sin disfraz".
El líder socialdemócrata, en declaración escrita, dijo que lo que ha ocurrido es evidente: la máxima ley de la República establece en su artículo 150, ordinal 5, que para el ascenso de oficiales de las FAN, desde coronel o capitán de navío, es necesaria la autorización del Senado. "El presidente Chávez le ha propinado un sablazo a esa norma constitucional al subir de grado a 33 oficiales cuyo ascenso no autorizó el Senado. Todo esto ha sucedido ante la vista y el conocimiento de los venezolanos, a la vez que las agencias noticiosas lo han informado a la comunidad internacional".
Canache le recordó a Chávez que fue en la Constitución del Congreso de Angostura de 1819 cuando apareció, por primera vez y por decisión de Simón Bolívar, la exigencia del requisito de la autorización del Senado para el ascenso de altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Dijo que desde entonces ni una sola de las 25 constituciones que ha tenido el país en su vida republicana ha dejado de contemplar la exigencia de esa autorización.
Canache Mata fustigó al Presidente por pretender "colocar a las Fuerzas Armadas Nacionales en un papel de guardia pretoriana lista a complacerlo en el momento y para la aventura que él, cual nuevo emperador romano, dispusiera, cuando "en un plan de perdonaviudas" dijo que "si él `quisiera' daría un golpe de Estado". El dirigente adeco critica que se olvide que las FAN no son un juguete en manos de nadie y recuerda que la institución armada está al servicio de la República, y en ningún caso al de una persona o parcialidad política, como lo manda el artículo 132 de la Constitución.
EL NACIONAL - LUNES 5 DE JULIO DE 1999 / POLITICA
Desestimó señalamientos de Uslar
Elechiguerra rechazó señalamientos de posible golpe de Estado
San Juan de los Morros
Venpres
Los ascensos militares no constituyen un golpe de Estado, afirmó el procurador general de la República, Javier Elechiguerra, quien aseguró además que todo acto administrativo se presume legal hasta tanto la Corte Suprema de Justicia determine lo contrario.
El abogado de la República aclaró que en caso de que alguna institución acuda a la Corte para impugnar los ascensos militares, cada una de las partes deberá presentar sus argumentos y esperar a que dicho organismo decida.
Al referirse a los pronunciamientos del escritor Arturo Uslar Pietri, en el sentido de que los ascensos hechos por el presidente de la República, Hugo Chávez, constituyen un golpe de Estado, precisó que "un golpe viene dado básicamente por el desacato al estado de Derecho", por lo cual desestimó tales señalamientos.
Elechiguerra, quien asistió al estado Guárico con motivo de la visita del jefe de Estado a esa región, dijo: "Nosotros vemos que los ascensos militares en el pasado se arreglaban en una mesa de dominó y sabemos que muchos oficiales figuraban de primeros en las listas y se les bajaba alterando su calificación".
A su juicio, esas son las realidades. Por ello no se puede decir que un acto que se hace abiertamente como el realizado por el presidente Chávez constituya un golpe de Estado.
EL NACIONAL - LUNES 5 DE JULIO DE 1999 POLITICA
Ayer despachó desde el estado Guárico
Chávez: Daremos la batalla jurídica en la Corte por los ascensos militares
El Presidente adelantó que tiene en sus manos una serie de estudios jurídicos que precisan que siete artículos de la Ley Orgánica de las Fuerzas Amadas Nacionales favorecen el ascenso, y sólo la mitad de uno, "que fue manipulado e insertado por las cúpulas políticas para tener extorsionados a muchos militares", deja lugar a una duda. Cree, sin embargo, que las dudas se despejarán en la CSJ
ADELA LEAL
San Juan de los Morros
El presidente Hugo Chávez ya está preparado para enfrentar algún intento de impugnación de su decisión de ascender a 33 oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales, sin la autorización del Congreso, y aseguró que ya tiene listo a un grupo de abogados, encabezado por el procurador general, Javier Elechiguerra, "para dar la batalla jurídica en la Corte Suprema de Justicia, como tiene que ser".
El mandatario nacional, en rueda de prensa ofrecida en San Juan de los Morros al mediodía de ayer, volvió sobre el tema de los ascensos militares y desafió a Acción Democrática, a Copei y a Proyecto Venezuela a proceder ante la Corte y que "no estén amenazando".
Pero, eso sí: "si las cúpulas adecas y copeyanas van a ir a la Corte, que vayan. Nosotros también iremos, yo ya tengo, por si ellos van a la CSJ, porque la iniciativa la tendrán que tomar ellos, un grupo de abogados encabezados por el procurador general de la República para dar la batalla jurídica en la corte, como tiene que ser".
El Presidente adelantó que tiene en sus manos una serie de estudios jurídicos que precisan que siete artículos de la Ley Orgánica de las Fuerzas Amadas Nacionales favorecen el ascenso, y sólo la mitad de uno, "que fue manipulado e insertado por las cúpulas políticas para tener extorsionado a muchos militares", dejar lugar a una duda. Cree que ese amago de duda se despejará en la CSJ.
Además Chávez recordó que la Carta Fundamental avala la responsabilidad constitucional del Presidente de la República del manejo de las Fuerzas Armadas y su conducción. "Es una atribución única y exclusiva del Comandante en Jefe", recalcó al aclarar que no hay dos comandantes en jefe, pues el Congreso no es comandante ni co-comandante en jefe.
Dijo que no sería la primera vez que una decisión suya es impugnada ante la Corte, pues lo mismo sucedió con el referéndum que convocó el pasado 2 de febrero. Dijo que entonces en el Parlamento se alzaron las mismas voces para pedir al supremo tribunal la nulidad del decreto, pero ya el país sabe lo que pasó: la Corte sentenció y el Gobierno acató el fallo. "Igual pasará en este caso", vaticinó el Presidente.
Puso a la orden para su revisión la hoja de servicio de los 33 oficiales que ascendió en contra de la determinación del Congreso y aseguró que todo el país está a favor de lo que hizo.
"Lo único que aquí ha cambiado es que ya no hay amantes de presidentes chequeando las listas de ascenso, que no están los partidos políticos, AD y Copei, metiendo a sus amigos y bloqueando a quienes no lo son.
Pero "llegó un soldado, que soy yo, a levantar la dignidad militar y a restituir la justicia en los cuarteles".
El gobernante dijo que está tentado a convocar a los militares a una asamblea pública para que delante de las cámaras de televisión le hablen al país para que vean cómo están de felices, porque "por fin llegó un verdadero Comandante en Jefe.
¡Qué tristeza, doctor Uslar !
Por pedido de un periodista, el jefe del Estado hizo una breve referencia al escritor Arturo Uslar Pietri, quien enjuicia severamente al Gobierno y el comportamiento presidencial.
"Yo aprendí a conocer a Arturo Uslar Pietri a través de las Lanzas Coloradas y la Isla de Robinson, pero el que leí hoy es otro Uslar. Lo lamento mucho. Me da mucha tristeza que ya, al final de sus años, termine abrazado, confundido y compartiendo la misma idea de los adecos que tumbaron a Medina Angarita y despotricaron de él durante muchos años, lo excluyeron y lo mal pusieron (...) Me da una gran tristeza. Pero más allá de las tristezas, me da una gran alegría, porque más allá de las palabras de Uslar Pietri está la de un pueblo que dice otra cosa, la opinión de un colectivo que sabe que estamos construyendo una democracia nueva y saliendo de los años negros de una tiranía de verdaderos caudillos corruptos. Ahora el escritor tiene derecho a la libertad de expresión y de pensamiento, como todos los venezolanos".
Amanecerá y veremos
Con respecto a su posible no asistencia a la sesión solemne del Congreso nacional conmemorativa del 5 de Julio y la factibilidad de tensiones en caso de que se presente, el mandatario nacional comentó que no tiene razón para decir que el de hoy será un día de tensiones.
Confió que se levantará muy temprano, como siempre, asistirá a la ceremonia de izamiento de la Bandera nacional en La Casona y luego se trasladará al Panteón Nacional a ofrendar al Libertador.
Lo que no había decidido Chávez ayer al mediodía es si va o no al Congreso. "No lo sé. Dije al país que estamos investigando algunas informaciones, no de tensiones, sino relacionadas con alguna pretensión (de "las cúpulas políticas") de hacer algún acto incómodo en el Congreso. En todo caso decidiré mañana (hoy), en función de las informaciones, si asisto o no la sesión solemne".
Doctor Honoris Causa
Ayer, San Juan de los Morros fue declarada capital de Venezuela -política que se extenderá a otras ciudades- y como tal, el primer magistrado trasladó su agenda de trabajo para la población llanera.
Primero transmitió desde allí su programa de radio, Aló Presidente. Fue extenso, dos horas largas.
Después presidió el Consejo de Ministros, el número 26 en lo que va de su administración. Fundamentalmente la materia tratada estuvo relacionada con mejoras para el estado Guárico. El Gabinete aprobó 14,5 millardos de bolívares para financiar obras de infraestructura y atender necesidades sociales, como la construcción de desarrollos habitaciones que abarcan más de tres mil viviendas a partir del próximo 15 de julio.
De acuerdo con lo informado por el ministro del sector, Julio Montes, vocero de la sesión ministerial, las inversiones generarán 6.700 empleos directos en la entidad guariqueña.
Los actos ejecutivos se realizaron en la sede de la Gobernación estadal y la concentración popular fue en la Plaza Bolívar de la capital guariqueña.
El gobernante también recibió el Doctorado Honoris Causa conferido por la Universidad Experimental Rómulo Gallegos, durante una ceremonia en el auditorio de esa casa de estudios, donde evidentemente el Presidente no pudo contener su emotividad.
Duros combates todos los días
Maracaibo
El presidente de la República, Hugo Chávez, exhortó a sus seguidores y a los candidatos a luchar duro y a fondo para lograr la victoria del Polo Patriótico en la Asamblea Nacional Constituyente el próximo 25 de julio, así como también a no dejarse llevar por el triunfalismo.
Fue durante el encuentro que sostuvo a sala llena la noche del sábado último en el Centro de Arte Lía Bermúdez, situado en el viejo casco de la ciudad, donde el Presidente hizo reflexiones sobre diferentes temas de la actualidad nacional y presentó a la concurrencia, integrada por estudiantes, trabajadores, mujeres, niños, profesionales universitarios, a los 13 candidatos regionales del Polo Patriótico y una representación de los candidatos nacionales, encabezada por Luis Miquilena, Alfredo Peña, Leopoldo Puchi, Tarek William Saab, Angela Zago y Aristóbulo Istúriz.
Chávez pronosticó que los candidatos del Polo Patriótico obtendrán el 25 una victoria más aplastante que la del 8 de noviembre y el 6 de diciembre del 98, e hizo un llamamiento a las organizaciones de la alianza a estar "ojo pelao" ante las maniobras del enemigo.
En lenguaje coloquial, Chávez contó a la audiencia que está siendo objeto de duros combates todos los días, "donde al Presidente lo amenazan el fiscal, el contralor, el Congreso y lo amonesta el CNE y la Corte Suprema de Justicia" -Estaría muy triste si no estuviera pasando esto, sencillamente porque si no estuviera pasando esto, significaría que yo me hubiese pasado al enemigo y prefiero la muerte antes que pasarme al bando enemigo -precisó.
Anunció que ha iniciado un recorrido por el país con todos los ministros para oír a la gente y dar soluciones, y que el día martes, 13 de julio, estará de nuevo en Maracaibo para concretar acciones de gobierno que conduzcan a aportar soluciones a problemas que está reclamando con urgencia la comunidad zuliana.
Dijo que en el país hay una ofensiva popular en movimiento, "porque el pueblo despertó y la historia demuestra que cuando el pueblo venezolano despierta no se apaga de nuevo".
-Es muy importante que nos demos cuenta en el fondo de lo que está pasando. Ya está en marcha la ofensiva táctica y ahora el aceleramiento estratégico también está en marcha. Estamos a la puertas de un hecho histórico-estratégico: la Asamblea Nacional Constituyente.
"El Pacto de Punto Fijo se hace añicos, tenemos acorralados a los enemigos del pueblo, a los que durante 40 años saquearon a Venezuela, pero todavía estamos encadenados, no somos libres, pero ese desencadenamiento ocurrirá y tiene que ocurrir de manera pacífica y democrática, como lo hemos venido haciendo. El único camino que tenemos está ahí y lo estamos construyendo a punta de esfuerzo".
Piensa que el 25 de julio de 1999 será una fecha para la historia y quedará grabada en ella, como lo está el 19 de abril de 1810.
Antecedieron a Chávez en los discursos del Centro de Arte Lía Bermúdez, Jorge Durán Centeno, coordinador del Movimiento V República en el Zulia, y el académico y experto en asuntos de economía petrolera, Gastón Parra Luzardo, ambos candidatos a la Constituyente por el Polo Patriótico en la región.
También estuvieron presentes los aspirantes, Leví Alter, María de Queipo, Mario Isea, Rafael Colmenárez, Roberto Jiménez Maggiolo, Silvestre Villalobos, Yldefonso Finol y Atala Uriana.
Alonso Zambrano
EL NACIONAL - MARTES 6 DE JULIO DE 1999 POLITICA
Congreso tiene seis meses para ir a la Corte
Ana Díaz
El procurador general de la República, Javier Elechiguerra, indicó que el Congreso tiene un plazo de seis meses para introducir ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de nulidad contra los 33 ascensos militares realizados por el Gobierno.
El funcionario consideró que los oficiales fueron ascendidos de acuerdo a la Ley, pero si alguien- el Congreso- considera que esos ascensos fueron mal otorgados está en la obligación de acudir a la CSJ para solicitar la nulidad de ese acto administrativo.
Recordó que todos los actos administrativos están protegidos, gozan de la presunción de legalidad y habrá que ver los argumentos que planmtearán la persona o el grupo que va a impugnar.
Asimismo, aclaró, que al Congreso no le compete decidir la legalidad de los ascensos sino a la Corte Suprema.
La presidenta de la Corte, Cecilia Sosa Gómez, expresó que para que la institución de un pronunciamiento sobre el caso debe haber un expediente producto de una solicitud. " Debemos darnos un compás de espera para ver si se da una acción, si es que se producir alguna, y de ser el caso la Corte actuarA como le corresponde", añadió.
Agregó que el Congreso no deje transcurrir mucho tiempo si va a tomar la acción para tener una respuesta oportuna frente al país.
EL NACIONAL - MARTES 6 DE JULIO DE 1999 / POLITICA
Dia memorable
Fiscalía estudiará abrir demanda contra Chávez por ascensos militares
Los partidos se mostraron divididos sobre un posible juicio al Jefe del Estado. El presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Capriles, rechazó la solicitud hecha por Jorge Olavarría contra el primer mandatario. Mientras que Proyecto Venezuela anunció que irá a la Corte Suprema de Justicia. AD analizará el caso
ALCIDES CASTILLO
El fiscal general de la República, Rafael Pérez Perdomo, admitió que el Ministerio Público estudiará la posibilidad de abrir una demanda al presidente Hugo Chávez por desacatar la orden del Congreso, que negó el ascenso a 33 oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales, pero que el jefe del Estado ascendió al grado inmediato superior.
La afirmación la hizo Pérez Perdomo luego de concluir el acto en el Hemiciclo del Senado con motivo de los 188 años de la Firma del Acta de la Independencia, en el cual el historiador Jorge Olavarría fue el orador de orden.
El funcionario indicó que nadie ha hecho la denuncia formal ante la Fiscalía, pero que procederá a su estudio. Agregó que esta es una acción que puede tomar cualquier ciudadano, el Congreso e incluso la Fiscalía "y que nosotros vamos a estudiar esa posibilidad".
Aclaró que lo que está planteado en este momento es la demanda por los ascensos militares. "Ahora, las violaciones a la Constitución, si ellas constituyen delitos correspondería ejercer las acciones pertinentes, pero habría que estudiar cuál es el delito que se comete".
Capriles rechaza juicio
El presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Capriles, rechazó la solicitud que hiciera Jorge Olavarría en su discurso de enjuiciar al jefe del Estado, también rechazó el discurso.
Lamentó mucho que se haya utilizado la tribuna del Congreso de la República para un discurso que no era precisamente para la fecha que se celebraba y pidió disculpas a la población venezolana.
Capriles observó que Olavarría le prometió que sería un discurso serio.
AD estudiará si demanda
El presidente de AD, Carlos Canache Mata, fue directo y dijo que los ascensos acordados por el Presidente de la República, violando la Constitución nacional, "son nulos, nulos de nulidad absoluta. Es más, creo que fue desconsiderado con estos oficiales al haberlos ascendidos, sabiendo que los va a colocar en esta situación incómoda en que actualmente se encuentran. Además el Presidente de la República, como lo dijo Arturo Uslar Pietri ayer, ha violado la Constitución nacional, que en su artículo 150, ordinal 5, establece claramente, sin duda alguna, que para poder ascender oficiales de coronel y de capitán de navío en adelante se necesita la autorización del Congreso. Esa fue una exigencia de tipo constitucional establecida por Simón Bolívar en el Congreso de Angostura".
Canache Mata expresó que la demanda al jefe del Estado la decidirá el Congreso y la Fiscalía General, pero que su partido analizará la situación.
Copei y los adjetivos
Para César Pérez Vivas, jefe de la fracción parlamentaria de Copei, expresó que era imposible que un orador hoy, en las circunstancias que vive Venezuela, no abordase el fondo del problema que está planteado.
Sin embargo, dijo que probablemente hay algunas facetas del discurso, algunos adjetivos que Olavarría pudo ahorrarse y seguir planteando el tema de fondo.
"Pero en el fondo de todo esto, digamos estos lodos que han aparecido hoy, son los vientos que el propio Presidente ha sembrado, quien tiene un mes en una actitud muy agresiva, usando actos de las FAN, en los patios de honor de las academias militares, para descalificar de una manera muy dura a los actores políticos que no comparten con él su percepción del país".
Invitó al diálogo para que el proceso constituyente se desarrolle en un clima de racionalidad.
Proyecto Venezuela felicita a Chávez
La jefa de la fracción parlamentaria de Proyecto Venezuela, Mireya Rodríguez, dijo que la jornada de ayer reflejaba claramente cuál es el estado de ánimo de los venezolanos. Comento que ayer fue un día en que se reunieron para conmemorar la declaración de la Independencia de Venezuela del yugo español y hoy de la amenaza dictatorial.
La diputada, no obstante, felicitó al Presidente de la República por haberse quedado a escuchar el discurso. "Me pareció una actitud valiente y no comprendo por qué la presidenta de la CSJ se retiró cuando el discurso fue una defensa plena de los poderes constituidos".
Anunció que irán a la Corte Suprema de Justicia a demandar los ascensos militares.
Para Carlos Guyón, senador y coordinador del MVR, dijo que el discurso le causó alegría "porque como dijo Olavarría, llegó la hora y le ha llegado a este viejo esquema con ese discurso de un representante genuino de la vieja democracia".
Cree que el Presidente de la República no debe responder los "improperios de Olavarría por la forma baja como lo hizo. El pueblo será el mejor juez".
Luis Manuel Esculpi, jefe de la fracción Izquierda Democrática, dijo que la expectativa que tenía del discurso era que sería opositor, muy firme y duro, pero muy respetuoso. "Sin embargo, no estuvo a la altura de una fecha como esta, mientras que la actitud del Presidente demuestra que quedó bien frente al país".
EL NACIONAL - JUEVES 8 DE JULIO DE 1999 / POLITICA
Sostienen que hay inconstitucionalidad
Senado acordó oficiar al Fiscal para que impugne 33 ascensos ante la Corte Suprema de Justicia
Fue derrotada la propuesta del presidente del Congreso, Luis Alfonso Dávila , quién propuso la reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y la revisión de los antecedentes de la aplicación del artículo 181, que dispone el pase a retiro de oficiales con dos años de retraso
MARIA JOSE MAIRENA
Con una mayoría conformada con los votos de AD, Copei, Proyecto Venezuela, Convergencia y senadores independientes, el Senado de la República aprobó ayer solicitar al Fiscal General de la República, Rafael Pérez Perdomo que acuda ante la Corte para impugnar 33 ascensos no autorizados por la comisión de Defensa de la cámara alta.Una comisión de senadores, acudirá hoy mismo a la Fiscalía para hacer efectiva la decisión.
Los votos negativos fueron del MAS, PPT, LCR, Izquierda Democrática y el MVR. La propuesta ganadora fue formulada por el senador Orlando Contreras Pulido de Copei. Paralelamente, el presidente del congreso, Luis Alfonso Dávila, había propuesto un acuerdo según el cual se debía elaborar una reforma parcial de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y revisar los antecedentes parlamentarios de la aplicación del artículo 181 de la misma ley , que prevé que tras un retardo de dos años en la carrera de un oficial, deben pasar a retiro. En su exposición, Dávila manifestó que entre los años 1985 y 1989, fueron ascendidos oficiales que tenían entre 8 y 11 años optando para el grado. Además manifestó que acudió ante Arístides Beaujon, en aquella época, para denunciar que habían listas de calificaciones que habían sido adulteradas .
En su intervención, el senador Beaujon ( Copei), respondió que cuando Dávila habló con él, cuando era coronel, fue para solicitarle ayuda para su ascenso.
Una vez concluida la votación, donde resultó negada la propuesta hecha por Dávila, el presidente del Congreso manifestó que el acuerdo alcanzado en el Senado, era una contradicción flagrante del espíritu expresado por la comisión de Defensa en su informe, en el que propuso la posible modificación del artículo 181, por ser "nefasto y perjudicial". Mientras, ahora, pretenden perjudicar ostensiblemente a 33 oficiales, porque no cumplen con un artículo que ellos mismos consideran que debe eliminarse. Al respecto, el senador Augusto Ortega Lima ( independiente) señaló en su exposición que desde el pasado 6 de mayo , el presidente de la subcomisión Legal de la comisión de Defensa del senado, Arístides Beaujon, ofició al ministro de la Defensa, general Raúl Salazar, para solicitarle que enviara la modificación de la Lofan, en relación al artículo 181, para facilitar la posibilidad de ascenso a muchos oficiales.
Hasta los momentos, no se ha recibido respuesta del ministro, por lo que considera que el impasse ocurrido entre el Ejecutivo y el Legislativo en relación a los ascensos es responsabilidad por omisión del propio ministro, pues el presidente Hugo Chávez, actuó en base a los consejos de algunos que de buena fe le pidieron hacer justicia, violando la ley.
Abdón Vivas Terán recalcó en su intervención que estos 33 oficiales cuyo ascenso no recomendó el Senado, no llenaban los requisitos establecidos por las propias FAN y que no sólo todos estaban incluidos en el 181, sino que 29 de ellos también estaban incluidos en el artículo 158, que se refiere a otras faltas recogidas por los informes.
EL NACIONAL - VIERNES 9 DE JULIO DE 1999 / POLITICA
Ni volverá a meterse con el Legislativo y el Judicial
Chávez afirmó que no esperará sentado el dictamen de la CSJ sobre los ascensos
Explicó que a pesar de todas las denuncias en su contra, continúa avanzando hacia la Constituyente. Reiteró que Venezuela no permitirá el sobrevuelo de aeronaves estadounidenses en territorio nacional, a propósito de la visita de una comisión de alto nivel de la administración Clinton para evaluar la cooperación antidrogas. "Yo no creo que ellos hayan venido a perder tiempo", señaló
YENEIZA DELGADO MIJARES
Luego de asegurar que no se volverá a meter con los poderes Legislativo y Judicial, el presidente Hugo Chávez afirmó que las denuncias y los procesos anunciados en su contra no impedirán que, junto al pueblo, continúe avanzando hacia la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que no esperará sentado un eventual dictamen de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso de los ascensos militares, que aprobó a pesar de la objeción del Congreso de la República.
El jefe del Estado no descarta que el fiscal general de la República, Rafael Pérez Perdomo, demande ante la Corte Suprema de Justicia la nulidad de la promoción de grado de 33 altos oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales, luego de que el Senado acordó el miércoles hacer la correspondiente solicitud al Ministerio Público.
"Por supuesto que esperamos todo eso. Tenemos que esperar. Claro, yo soy de los que no espera sentado ni con los brazos cruzados (...) porque cuando uno usa el verbo esperar pareciera muy pasivo, y ustedes saben que yo soy de ataque, más bien prefiero atacar. Así que mientras los demás esperan, hacen o deshacen, pues nosotros vamos avanzando (...) más allá de todos estos procesos, de todas estas denuncias, (que) no me importan mucho en verdad, yo no voy a esperar muchas cosas. El pueblo no va a esperar más. Nosotros hemos decidido ya abrir el camino hacia la Constituyente", dijo luego de bautizar el nuevo libro de poemas de Tarek William Saab.
-Usted ha dicho que no es su costumbre esperar sentado. ¿Significa que si la Corte decide anular los ascensos, ya tendría una carta bajo la manga?
-Lo que he dicho es lo que he dicho. No me gusta esperar sentado. Yo no soy un hombre pasivo. Eso cada quien lo puede entender a su manera, pero no voy a seguir hablando de la Corte, del Congreso. Yo no voy a meterme más con esa gente y, en todo caso, ya viene la Constituyennte. Cada quien que cumpla con su obligación y yo avanzo; nosotros avanzamos.
Posición soberana
Pese a que la misión de alto nivel enviada por el gobierno de Estados Unidos al país para evaluar la cooperación bilateral en la lucha antinarcóticos estuvo ayer en el Palacio de Miraflores, el Presidente explicó que él no participó en la reunión con un grupo de autoridades locales.
Informó que hoy será su encuentro con la delegación que encabeza Peter Romero, subsecretario del departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos de la administración Clinton.
Chávez ratificó que Venezuela no permitirá el sobrevuelo de aeronaves estadounidenses en el territorio nacional. A su juicio, los visitantes ni siquiera plantearán el tema.
"Nosotros, eso no vamos ni a discutirlo. Es una posición soberana y eso no tiene discusión. Yo no creo que ellos hayan venido a perder tiempo. Deben traer cosas mucho más importantes", destacó.
Reiteró que los recursos para las elecciones de la Constituyente están disponibles y calificó como una locura el que ahora se pretenda acusar al Gobierno de querer boicotear los comicios.
Acatarán decisión de la Corte
El procurador general de la República, Javier Elechiguerra, garantizó que el presidente Hugo Chávez acatará cualquier decisión que tome la Corte Suprema de Justicia si la Fiscalía demanda la nulidad de los ascensos rechazados por el Congreso y aprobados por el jefe del Estado.
Elechiguerra recordó que hace pocos días Chávez dijo que acatará cualquier dictamen del máximo tribunal de justicia sobre la referida materia. Destacó que esa es la actitud que corresponde a "un Presidente democrático como el que tenemos, en una democracia como la que tenemos".
Explicó que luego de la decisión del Senado de solicitar a la Fiscalía que demande ante la Corte la nulidad de los ascensos de 33 altos oficiales de las FAN, el Ministerio Público "se tomará su tiempo para hacer el respectivo análisis, y después el fiscal decidirá si solicita o no la nulidad".
Señaló que su despacho examinará el acto administrativo "a ver si en definitiva se ejerce su defensa". Aclaró que "no se trata de la defensa de los militares ascendidos".
Acotó que durante la defensa del acto administrativo "intervendrán todas las personas que de alguna manera se consideren beneficiadas o perjudicadas. La Corte hará los respectivos análisis y finalmente decidirá en consecuencia".
Destacó que la decisión del jefe del Estado de ascender a los 33 militares es un acto "legal y además constitucional hasta que la Corte decida lo contrario".
EL NACIONAL - VIERNES 9 DE JULIO DE 1999 POLITICA
Por inconstitucionalidad
Comisión de senadores pidió al fiscal demandar nulidad de promociones militares
VICTOR MANUEL REINOSO
Una comisión especial del Senado integrada por Orlando Contreras Pulido, Mariano Navarro, Otto Kreuber Palavicini y Augusto Ortega Lima pidió ayer al fiscal general de la República, Rafael Pérez Perdomo, que demande ante la Corte Suprema de Justicia la nulidad de 33 ascensos militares no autorizados por el Congreso.
Los senadores entregaron al fiscal general el texto del acuerdo aprobado el miércoles por amplia mayoría, en el que le solicitan demandar la nulidad, por inconstitucionalidad, de los ascensos que irregularmente ejecutó el Presidente de la República el pasado 2 de julio.
Contreras Pulido recordó ante los periodistas que la Comisión de Defensa del Senado presentó un informe en el que autoriza la promoción de 234 oficiales, y la Cámara Alta aprobó el ascenso para los que tenían sus expedientes correctos y habían sido recomendados por sus respectivas fuerzas, y excluyó a 33 efectivos castrenses no recomendados por sus fuerzas y las juntas respectivas porque fueron incluidos a última hora.
-El artículo 150 de la Constitución es muy claro al señalar que los ascensos, a partir de capitán de navío y de teniente coronel, requieren de la autorización del Senado- sostuvo el senador de Copei.- Esta norma no es nueva. Desde 1811 está en las constituciones de Venezuela, y la tienen otras constituciones de otros países.
Cuando se le preguntó si existe la posibilidad de que el fiscal general demande, y la Corte resuelva antes del 25 de julio, cuando se elegirá la Constituyente que pudiera disolver este poder, Contreras Pulido dijo que este recurso de nulidad contra un acto administrativo del Ejecutivo no tiene que ver con la Constituyente. Aclaró que no se trata de un juicio contra el Presidente de la República. Agregó que la Asamblea tiene un solo cometido, decidido por la Corte: elaborar una nueva Constitución y no puede disolver ningún poder.
-Si la Constituyente disolviera cualquier poder, estaría dando un golpe de Estado, precisó.
El senador Contreras Pulido añadió que en el Senado existe la mejor voluntad para reformar el artículo 181 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales, propuesto por las FAN, en el que sugerían reducir los dos años a uno y el Congreso lo dejó en dos para que se diera la situación de retiro.
Una vez entregado el documento al fiscal Pérez Perdomo, que en la mañana de ayer instaló en el Parque Central un foro sobre la "Humanización de las cárceles", coordinado por el Frente Constituyente de Profesionales y Técnicos Universitarios, les prometió a los senadores estudiar la solicitud y requerirles toda la documentación que considere necesaria.
-Si la Corte decide anular los ascensos, como pensamos que ocurrirá, por haberse violado el artículo 150 de la Constitución, el Presidente ha declarado que él acatará la decisión del Máximo Tribunal, y todo volverá a la normalidad.
Contreras Pulido manifestó que al Senado le preocupa la situación de 33 seres humanos, pero demandan la nulidad para que la Constitución se respete ahora y en el futuro.
El senador Mariano Navarro (AD) agregó que los oficiales irregularmente ascendidos conocían su situación y lo irregular del acto. Y lo más lógico es que no hubiesen recibido su ascenso.
-¿Qué pasaría si el fiscal decide no introducir esta demanda?
Lo puede solicitar cualquier senador o ciudadano venezolano. El Senado acordó pedirlo porque la Constitución establece que es el órgano del Congreso que debe autorizar los ascensos militares propuestos por el Ejecutivo.
EL NACIONAL - SÁBADO 10 DE JULIO DE 1999 POLITICA
EL METODO DEL DISCURSO
La Belle Epoque
FAUSTO MASO
¡Cuarenta años de corrupción, miseria y atraso! ¡Blanca Ibáñez intervenía en los ascensos de los actuales oficiales del ejército! Los historiadores rechazan esa versión en blanco y negro del pasado. Simplismo que repiten los niños de kindergarten, un slogan convertido en verdad de fe. Asustados los dolientes se hacen los bobos. En cambio, por honestidad profesional, los historiadores afirman que, en su conjunto, estos fueron años sobresalientes. Perdón, no lo digo yo, sino, repito, gente como un Jesús Sanoja, un Elías Pino Iturrieta.
Los gobiernos austeros de la democracia fueron los mejores que haya habido en el país. Por primera vez desde la Independencia, Venezuela fue una referencia internacional, la opción frente a los gorilas y la insurrección marxista. Hay que ser eunuco para preferir vivir en tiempos de la Guerra Federal, las dictaduras de Cipriano o de Gómez, a vivir en la Venezuela del primer Caldera. Hubo horrores en la guerra sucia de esos años, como arrojar guerrilleros desde helicópteros militares. La izquierda cometió atrocidades: la masacre de los guardias nacionales del tren del Encanto, el asesinato de infelices policías. Aún así, aquí no hubo 20 mil desaparecidos, no gobernó Pinochet, no soportamos una dictadura boliviana; o peor, cubana. Los cubanos colocaron la política sobre las consideraciones económicas, como pretende un amigo nuestro. Hoy, en la Habana se vive infinitamente peor que en Caracas, a pesar de que hace 40 años se vivía casi igual. En estos 40 años, Cuba recibió miles de millones de dólares de la Unión Soviética.
¿Qué nos pasó?
Nos arruinaron las ideas que profesaban, entre otros, muchos de los ministros del actual Gobierno. El estatismo acabó con Venezuela, el Gobierno poseía 80% de la producción nacional. El estatismo y su consecuencia, el clientelismo, generó la corrupción, igual que sucede ahora en La Habana, aunque allí metan preso a la gente por diez años con juicios expeditos. En Caracas los que hoy son ministros condenaban desde la oposición, o la universidad, a los gobiernos democráticos por no ser suficientemente estatistas. Gustavo Márquez, un hombre íntegro, se opuso a la privatización, en especial la de la CVG, igual que Giordani, o el propio Chávez. ¡Estábamos vendiendo el país al capital extranjero! Hace diez años la CVG valía 10 millardos de dólares, hoy la venden a retazos.
Estos fueron 40 años de gobiernos civiles, los venezolanos no soportaron las arbitrariedades de los tiranuelos. La justicia se corrompió, cayó en manos de tribus. Antes la dominaba el caudillo de turno.
Cada mañana, los antiguos guerrilleros agradecen a Dios que los hayan derrotado. Se asustan al imaginarse en el poder aplicando los programas de la FALN. Abundaba la gente ignorante en las montañas, gente admirable a ratos por su idealismo. Chávez acusa a las amantes de los presidentes, pero estos 40 años también fueron ministros, o participaron en las elecciones, Pérez Alfonzo -cuya política reivindica el Gobierno-, Pérez Guerrero, Luis Beltrán Prieto, José Vicente Rangel, Rafael Caldera, Rómulo Betancourt, Mayobre, Arístides Calvani y Petkoff. Chávez afirma que mandaban los cogollos; sin embargo, Rómulo no pudo impedir que Leoni fuera candidato, Carlos Andrés derrotó a Lepage que estaba respaldado por Lusinchi y Alfaro, Caldera perdió el control de su partido, Luis Herrera no frenó la candidatura de Caldera. De 8 elecciones presidenciales, 2 las ganó el gobierno y 6 la oposición. El ministro del Trabajo, Lino Martínez, señala que el Seguro Social funcionó a la perfección, se refiere a los primeros gobiernos de la democracia. El actual jefe del Ejército, edecán de Luis Herrera, da testimonio de su honradez y humildad. Un mal gobernante, una excelente persona, no se puede tener todo en la vida.
Aparte de los partidos, influyó en la ruina el desastre universitario, la crisis educativa, el asalto de los gremios sobre los servicios públicos, la burocratización, etc. Lo que no quita su parte de culpa, o de mérito, a la miopía de los grandes partidos, la terquedad de Alfaro, la corrupción generalizada, y la audacia indudable de Chávez, su maestría revolucionaria. Si Chávez se hubiera dedicado a la entomología ¿cómo estaría hoy la economía venezolana? Por su parte, Caldera abrió el camino a la disolución del Congreso con sus amenazas del calderazo y le dio un respaldo moral al 4 de Febrero, que contaba con la simpatía del país. Muchos de los que tocaban las cacerolas están hoy desempleados. Después del golpe, los partidos intentaron frenar el cambio. Al final todo se derrumbó. Hoy todavía le cierran el paso a un Ledezma. Aún así, se estableció la descentralización, a la que se opusieron, o se oponen, callada o abiertamente, Caldera y Chávez.
Midamos la hazaña de Rómulo y Caldera de establecer la democracia, en contra de todos los augurios, en un país donde en el siglo XIX se combatía en El Calvario. Betancourt con la ayuda de Caldera inventó una de las democracias más admirables que haya existido en el continente. Imperfecta, sostenida en un régimen distributivo de la riqueza petrolera, pero democracia al fin. El sistema bipartidista fue un éxito para Venezuela, lo que no se puede decir del multipartidismo actual. Los militares creyeron en esa democracia durante años. El almirante Larrazábal nunca habló de golpe de Estado. Nadie se abstenía en las elecciones, aumentaba el salario real. Es una tontería justificar esos éxitos por el petróleo, ahora el precio del barril se ha duplicado y 500.000 venezolanos perdieron el trabajo. En los países árabes el petróleo mantuvo satrapías, en Argentina la riqueza financió el populismo peronista. La insatisfacción del país comenzó con el viernes negro. Como se supuso que Venezuela era un país rico se votó por hombres providenciales que distribuyeran esa riqueza equitativamente, Venezuela se había empobrecido.
Chávez condena a Rómulo Betancourt, pone en duda el papel del Ejército en la lucha antiguerrillera, afirma que vivíamos bajo una dictadura, a pesar de que la prensa y el Congreso destituyeran a un Presidente.
La "moribunda" surgió de un consenso entre comunistas, copeyanos, urredistas y adecos.
La próxima constitución se anuncia como una confrontación entre dos Venezuela. Así nos irá.
Hemos escogido un sistema electoral apropiado para un manicomio.
EL NACIONAL - DOMINGO 11 DE JULIO DE 1999 OPINION
La arbitrariedad presidencial
Fernando Ochoa Antich
Los ascensos militares han venido tecnificándose progresivamente durante el ya largo proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas. Afirmar que estas decisiones se tomaban en la alcoba de alguna amante del Presidente de la República ofende la dignidad de los oficiales que ascendimos en estos cuarenta años de democracia. No quiero rasgarme las vestiduras. Es muy difícil seleccionar a los mejores entre excelentes oficiales, pero negar el esfuerzo para lograr un sistema de ascenso lo más objetivo y justo posible es sencillamente querer engañar a los venezolanos.
En los primeros años del régimen democrático, siguiendo una vieja tradición militar gomecista, la selección para los ascensos se hacía tomando en cuenta exclusivamente la antigüedad, la aprobación de los cursos obligatorios y la voluntad del presidente de la República. Después se crearon las calificaciones anuales de servicio. Posteriormente surgieron las juntas calificadoras de ascenso: la de Apreciación, constituida por oficiales de la misma generación del candidato a ascenso, encargada de revisar detalladamente el expediente de cada oficial o suboficial; la Calificadora, formada por el Alto Mando de cada Fuerza, encargada de revisar el trabajo realizado por la anterior Junta de Apreciación, y la Revisora, constituida por la Junta Superior de las Fuerzas Armadas, dedicada a estudiar y controlar todo el procedimiento de selección para ascenso con el fin de presentar los candidatos al Presidente de la República, a quien siempre le ha correspondido decidir definitivamente. Después se envían dichos candidatos al Senado de la República para su autorización. Un procedimiento obligatoriamente transparente por la intervención de un numeroso grupo de oficiales, quienes se sienten en la obligación de actuar con justicia y equidad para evitar perder su prestigio ante sus compañeros de armas.
Durante la gestión como comandante del Ejército del general de división José Antonio Olavarría, se estableció un sistema mediante el cual se valoraba toda la carrera del oficial. Este decisivo avance en la objetividad de la escogencia se vio fortalecido por la decisión de publicar anualmente durante el mes de diciembre el orden de mérito tomando en cuenta las calificaciones obtenidas durante toda la carrera militar, con el objeto de limitar al máximo las influencias y los intereses en juego. El procedimiento alcanzó tal grado de perfección y transparencia que los presidentes de la República en los últimos años, casi siempre, aprobaban sin mayores cambios los candidatos para ascenso presentados por el ministro de la Defensa para evitar murmuraciones inconvenientes. De esa misma manera actuaba el Senado de la República.
Rechazo categóricamente las ligeras afirmaciones realizadas por el presidente Chávez, en el sentido de que los ascensos militares se hicieron normalmente de manera inmoral. Si fueran ciertas, ¿cómo pueden explicarse los méritos que él mismo reconoce en el general Raúl Salazar, ministro de la Defensa, en los miembros del Alto Mando Militar y en los oficiales generales y almirantes? En ningún período de nuestra historia se fortaleció tanto el profesionalismo de las Fuerzas Armadas como durante los cuarenta años de democracia. Si las Fuerzas Armadas estaban corrompidas, mediatizadas y politizadas, ¿cómo pudieron transformarse tan rápidamente en la eficiente organización que dirige el Plan "Bolívar 2000"?
El Senado de la República no podía aprobar los ascensos que violaban la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Los senadores cumplieron con su deber. El presidente Hugo Chávez, al ascender a dichos oficiales sin la autorización del Senado, irrespetó la Constitución Nacional, el sistema de ascensos de las Fuerzas Armadas y colocó a los propios oficiales ascendidos en una situación de debilidad jurídica y menosprecio ante sus compañeros de armas. ¿Por qué no se reformó con tiempo suficiente la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no se aclaró en los expedientes correspondientes la injusticia que, según el presidente Chávez, se había cometido con dichos oficiales, para que las Juntas de Ascensos tomaran en cuenta estas nuevas circunstancias?
El poder ensoberbece. Fue más fácil irrespetar la Constitución Nacional, la Ley Orgánica de la Fuerzas Armadas, y el prestigio de los oficiales que constituían las Juntas de Ascensos. Nuestras Fuerzas Armadas fueron las grandes perdedoras.
EL NACIONAL - DOMINGO 11 DE JULIO DE 1999 / OPINION
El Artículo 181 se aplica en negativo
Carlos Guyón Celis
La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, vigente desde 1995, es un texto legal conformado por 434 artículos, y modifica a la de 1983. Hasta hoy, los partidos políticos tienen injerencia para codificar la vida de los oficiales que deben someterse a sus postulados, reglamentando incluso, aspectos de la vida militar de los cuales poseen poco conocimiento. La interpretación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, como asunto político, deja de crear las condiciones necesarias para que el estamento militar decida sobre los asuntos que le dan coherencia, cohesión y libertad de acción en el plano operativo.
La discusión sostenida en el seno de la Comisión de Defensa del Senado, a propósito de los ascensos militares de este año, reafirma que una decisión política tomada por los miembros de los partidos de oposición al no ascender a 34 oficiales propuestos puede ser aplicada en negativo y limitar los beneficios a los que tienen derecho, sin que la Ley sea el criterio fundamental que oriente la discusión. De otro modo no puede ser interpretada la argumentación dada para aplicar parte del artículo 181 y dejar de lado aquella otra parte que juega a favor de los oficiales rechazados.
Las evaluaciones realizadas por el estamento militar se hacen por un procedimiento absolutamente democrático; en este caso, cada uno de los miembros de la Junta Permanente Evaluadora tiene acceso a los expedientes de los oficiales para cotejarlos, y los datos obtenidos se procesan en conjunto para obtener una primera propuesta. Luego, esta propuesta es evaluada por una Junta de Revisión hasta llegar a una Junta Calificadora, conformada por el Ministro de la Defensa y el Alto Mando Militar. Cada quien expresa su criterio, y luego de la discusión se decide por mayoría.
Cuando la lista llega al Presidente de la República ya se ha dado este procedimiento y sin que sea modificado, éste como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas puede incluir oficiales en el caso de que sean beneficiosos. Luego, llega al Congreso cuya función es contralora y no deliberante, pues son las FAN las que conocen las aptitudes de sus oficiales, y no los políticos. El Congreso sólo vigila que la ley se cumpla para beneficiar, no para perjudicar.
El Congreso de la República cuando aplica la segunda parte del artículo 181 de la Lofan, sin aplicar la primera que establece que "...la opción de ascenso de los oficiales caduca a los dos años de haberse cumplido el tiempo mínimo requerido en el grado, en caso de que no sea efectuado, si se probare que durante este lapso ha tenido un alto potencial para ascenso, serán retirados con goce de sueldo y demás beneficios del grado inmediatamente superior", comete una injusticia. Desde 1995, el Congreso no cumple con esta norma, y sería bueno preguntarse por qué durante estos años no ha sido viable su aplicación.
El hecho de que el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas decida en contrario, amparado en la propia Ley -que le otorga potestad para acordar excepciones al tiempo de servicio para el personal de las FAN-, da fe de su voluntad de restablecer la justicia. En todo caso, corresponderá a la Corte Suprema de Justicia decidir sobre el fondo del problema que es el de la aplicación de la Ley en beneficio de los que están sometidos a ella.
Algunos de los miembros de la Comisión de Defensa del Senado están claros en que ésta es una facultad del Presidente de la República, y así lo han declarado a la prensa. Tan es así que en las discusiones, como miembros de la oposición, han llegado a la conclusión de que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas debe ser objeto de una nueva reforma, para lo cual fue nombrada una subcomisión presidida por el senador Arístides Beaujon.
En todo caso, el informe que aprobó el Senado es favorable a la reforma de la Ley; ojalá que en lo sucesivo se impongan las leyes y los procedimientos para que las decisiones adoptadas estén por encima de los intereses de los partidos políticos, y de una vez por todas estos dejen de ser consultados en materias donde tienen poca o ninguna competencia.
Vale la pena destacar que en estos momentos se están realizando los estudios jurídicos necesarios para proponer ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República una acción popular de inconstitucionalidad del artículo 181 de la Lofan.
EL NACIONAL - LUNES 12 DE JULIO DE 1999
Ver para leer
Fiscal militar
Los senadores de la oposición no tardaron mucho en presentar ante la Fiscalía un documento en el cual exigen su actuación en el caso de los ascensos militares firmados con la "mano zurda" del presidente Chávez, pero que no fueron aprobados por la Comisión de Defensa de la Cámara Alta, tal como exige la ley vigente. En realidad la exigencia está redactada en términos enérgicos, pero respetuosos, y constituye lo que normalmente se conoce como "recurso de nulidad", el cual se ejerce, como los mismos demandantes lo admiten, con harta frecuencia frente a actos del gobierno considerados violatorios de las leyes, reglamentos y procedimientos establecidos por la república. Pero aunque se esgrima este argumento, no será nada fácil decidir el caso que han colocado en manos del nuevo Fiscal General, Rafael Pérez Perdomo, pues se trata de echar para atrás nada menos que una decisión del actual Presidente de Venezuela. De manera que la cosa va para rato y habrá que tomarla con calma para que el Fiscal siga siendo general pero no militar.
EL NACIONAL - MARTES 20 DE JULIO DE 1999 / POLITICA
General González Guzmán
"Son difamatorias denuncias sobre instalación de bingo en Círculo Militar"
Marianela Rodríguez
VALENCIA
El comandante de la 41 Brigada Blindada del Ejército y Guarnición de Valencia, general Pedro Ramón González Guzmán, negó rotundamente la existencia y funcionamiento de un "bingo bailable" en la sede del Círculo Militar de Valencia, local que está directamente adscrito a esta unidad castrense. Aseguró que "no existe ni se pretende instalar ningún bingo en dicho club militar".
González Guzmán respondió así a las denuncias formuladas en contra de la institución militar por parte del jefe de la fracción parlamentaria de Proyecto Venezuela en la Asamblea Legislativa del estado Carabobo, César Burguera, quien aseguró que el Ejército pretendía instalar un "vulgar garito" en la sede del Círculo Militar, para lo cual se habría solicitado un permiso de funcionamiento a la alcaldesa del Municipio Naguanagua, Dilia Sayago de Moreno, con el fin de realizar diariamente un "bingo bailable con fines recreacionales y de convivencia".
El jefe militar explicó que, efectivamente, en una oportunidad, funcionó en el Círculo Militar de Valencia un "bingo familiar", pero que cuando él asumió el mando de la 41 Brigada Blindada (en febrero de este año) ordenó que lo clausuraran, por cuanto debían ceñirse a las ordenanzas legales de la municipalidad.
El jefe de la Guarnición de Valencia considera que el gobierno de Carabobo no es el que está manejando las referidas denuncias. Sostiene que "sólo se trata de una información dada por alguna persona con algún interés oscuro", presumiblemente con el ánimo de difamar a la institución castrense.
Por su parte, el secretario de seguridad pública de Carabobo, Humberto Seijas, dijo que según las informaciones que maneja en torno a este caso que le fueron aportadas por el general González Guzmán, la persona que solicitó el permiso para instalar diariamente un bingo en las instalaciones del Círculo Militar no es oficial del Ejército y tampoco actuó por instrucciones de ninguna persona en particular, sino motu propio.
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