Constituyente y Fuerza Armada
Juan José Monsant Aristimuño /
Pareciere ser que en Venezuela, así como aconteció en Nicaragua, El Salvador, Panamá y otrora en Costa Rica, las fuerzas armadas, o lo que va quedando de ellas, podrían inclinarse por instinto de conservación y dignidad profesional hacia una salida legal, como la Asamblea Constituyente.
En Venezuela se comienza a hablar, de nuevo, sobre la convocatoria a una Constituyente como única vía legal que resta a los demócratas para rescatar el respeto a la pluralidad, el derecho de las minorías, el Estado de Derecho y la sensatez económica en la administración de los bienes de la nación en beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos. Veamos, el artículo 347 de la Constitución bolivariana de Venezuela parte del principio filosófico y jurídico de que el pueblo soberano es el depositario del poder constituyente originario; en consecuencia, es capaz de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución, para ello basta la iniciativa, a lo menos, del 15% del electorado debidamente inscrito en los respectivos registros electoral y civil. Sobre esta convocatoria e iniciativa no existe acción alguna que puedan oponer el Presidente de la República, la Asamblea Nacional o Consejo Electoral. Así de clara y directa es la Constitución. A menos que las fuerzas armadas con su poder arbitrario de fuego lo impida, pero ya se estarían colocando fuera de la ley nacional e internacional.
Si Capriles, representando al electorado demócrata, obtuvo el 49% de los votos en las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril (o más, no se sabe) se intuye que, por lo menos, firmaría la solicitud el doble del número de electores que exige la Constitución para convocar una Asamblea Constituyente; posiblemente más, dado el desencanto acelerado de aquello que se llamó alguna vez revolución bolivariana, luego denominada Socialismo del siglo XXI, hoy teñida de inmensas fortunas mal habidas, ineptitud para administrar los bienes de la nación, muerte civil para el opositor, inseguridad ciudadana, control de los medios de comunicación y represión a la libre expresión de las ideas mediante el aparato judicial y policial.
La otra opción es la rebelión civil, armada o no. Pero francamente no es viable aunque sí legítima, por el derecho natural que asiste al hombre a rebelarse ante la injusticia, la arbitrariedad y la tiranía de un partido, un hombre o de un gobierno. No es viable porque actualmente nuestra fuerza armada obedece exclusivamente a dos intereses, el monetario personal, y a la doctrina militar y objetivos de la pirámide de mando cuyo cima se encuentra en el extranjero, en Cuba; frente a esta realidad, la rebelión sería masacrada de manera implacable por la fuerza armada nacional, los colectivos paramilitares y los “pranes” y delincuentes liberados de las cárceles.
No se conoce en la historia del continente americano otro caso semejante a esta abyección histórica. No es el ejército venezolano los guerreros de Masada, ni el pueblo de Numancia que optó por el suicidio colectivo antes que entregarse al ejército invasor del romano Escipión, tampoco el bravío guaraní bajo el mando del general Solano López que fuere prácticamente extinguido bajo el poder de fuego de Brasil, Argentina y Uruguay en la Guerra de la Triple Alianza, mucho menos el ejército polaco masacrado en su totalidad por las tropas invasoras de Hitler en 1939. Esas inmolaciones fueron amor a su historia, por su dignidad individual, su pueblo y especificidad nacional, muy lejos de entregas sumisas a cambio de 30 monedas, llámense dólares, uso indiscriminado del poder o ideología comunista.
Cuando doña Violeta Barrios de Chamorro ganó las elecciones en 1990, heredó al Ejército Popular Sandinista (EPS) bajo el mando de Humberto Ortega, hermano del actual presidente Daniel Ortega; se pensaba que teniendo ese ejército al lado del FSLN doña Violeta gobernaría solo hasta donde la dejarán hacerlo, pero presencié cómo ese mismo ejército luchó por su institucionalización y terminó llamándose Fuerzas Armadas de Nicaragua, al servicio de poder civil, la Constitución y las leyes de la República, no de un partido político o gobierno extranjero. Por su parte, la Fuerza Armada de El Salvador, luego de una historia de sobresaltos, golpes y contra golpes, arbitrariedades, acusaciones de violación de derechos humanos, ha sorprendido al continente cuando luego de los Acuerdo de Paz de Chapultepec en 1992, asumió el compromiso institucional y doctrinario de convertirse en una fuerza armada al servicio exclusivo de la preservación de la soberanía del Estado, la integridad territorial, profesional, obediente, apolítico y no deliberante; y así lo ha mantenido hasta el presente, para orgullo y tranquilidad de la nación guanaca. Se lee que, actualmente, en Cuba, el ejército se encuentra estudiando los cambios post comunista de Rusia y han comenzado a ser amables con los disidentes, en previsión y preparación de una posible transición en la isla.
En consecuencia, pareciere ser que en Venezuela, así como aconteció en Nicaragua, El Salvador, Panamá y otrora en Costa Rica, las fuerzas armadas, o lo que va quedando de ellas, podrían inclinarse por instinto de conservación y dignidad profesional hacia una salida legal, como la Asamblea Constituyente, que garantice el regreso al Estado de Derecho, el ejercicio pleno de la democracia, el sometimiento a la Constitución Nacional y su carácter no deliberante, justamente por ser nacionales y no partidista, para dejar en el pasado el dudoso honor de haberse convertido en un ejército de ocupación de su propio país.
Desmenbrada y desarticuladas las instituciones del Estado, desaparecida la independencia de los poderes públicos, abandonados los servicios públicos, entregados los organismos de seguridad, identificación, registros, notarías, salud, educación, puertos y aeropuertos al invitado régimen de los hermanos Castro, introducida la desconfianza y división entre los pueblos de América, la lucha de clases y la extorsión realizada en Honduras y Paraguay y, sin posibilidad de una primavera al estilo libanés, libia, egipcia o siria, hay que pensar definitivamente en la convocatoria de una Asamblea Constituyente que transforme el actual caos jurídico y relance los objetivos del Estado, cónsonos con el orden democrático, separación de poderes, independencia del Judicial, solidaridad y transparencia.
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