lunes, 5 de diciembre de 2011

DE UNA CONMEMORACIÓN


Un modesto disenso parlamentario
Luis Barragán


Recientemente, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de solicitud de reconocimiento como patrimonio cultural viviente a favor de Gualberto Ibarreto, tal como Chávez Frías lo concedió a Serenata Guayanesa. La siguiente sesión plenaria fue para escucharlos cantar, aprobar las sempiternas solicitudes de crédito adicional y postergar la discusión de otra reforma a la Ley Anticorrupción.

Tenemos reservas frente a un reconocimiento parecido al de la gloria deportiva viviente, que no resta ni suma nada al testimonio dado por valiosos venezolanos. Por ejemplo, al motivar el proyecto de acuerdo, Aristóbulo Istúriz mencionó los distintos premios concedidos al cantante, por lo que – demostró – nunca fue olvidado; y la agrupación señalada, después pidió ese mismo reconocimiento a otros cultores populares.

Gustamos y festejamos a los artistas mencionados, aunque sospechamos de estas dignidades concedidas por el Estado discrecionalmente, añadida – por una parte – la propensión a convertir la tribuna parlamentaria en escenario para un espectáculo musical, de evidente distracción en torno a los problemas del país. Contemos – por otra – que esas dignidades concedidas o a conceder, ocultan el monumental fracaso del Estado que ha de garantizar la seguridad social de estos y otros venezolanos, apelando a la entrega de sendos títulos “nobiliarios” de escasa incidencia en la memoria y el fervor populares, la que sabe muy bien valorar y preservar a sus grandes hitos. No obstante, otra es la observación.

La plenaria escuchó y desaprobó el proyecto de acuerdo propuesto por William Dávila sobre el 63er. aniversario del golpe de Estado propinado a Rómulo Gallegos. Contradicho por un parlamentario oficialista, empleó un lenguaje y una perspectiva política de una extensión inadecuada para el tipo de acuerdo, que no compartimos.

Vimos desde la casa, forzados por un reposo médico, la intervención de Dávila rebatida con facilidad, pues, entre otras cosas, reprochó la intervención del imperialismo yanqui, a través de sus diplomáticos, y clamó por un reconocimiento de las persecuciones, detenciones y muertes, que produjo la larga dictadura inaugurada que – argumentó el oficialista – nos lleva al período 1958-1998. Posteriormente, levantada la sanción, la Asamblea Nacional acordó que, junto a Earle Herrera, revisara la redacción del proyecto, dándolo por aprobado o pendiente de aprobar.

Disentimos del parlamentario de oposición, pues la fecha no sólo fue asumida desde una interpretación que pareció propia del PSUV, sino que desconoció los últimos aportes de la historiografía. Vale decir, no negamos los intereses nacionales y foráneos que apostaron por el 24 de Noviembre de 1948, pero al leer el último libro de Ocarina Castillo D’Imperio sobre Carlos Delgado Chalbaud, o releer la obra ya clásica de Margarita López Maya en torno a las revelaciones de los archivos estadounidenses respecto al evento de marras, nos queda la sensación de los nuevos aportes y tendencias que tardan todavía en llegar al parlamento, a objeto de debatir acontecimientos de un eminente carácter histórico que en poco en nada abonan a la actual polémica política.

El fondo del asunto no está en lo que ocurrió en la década de los cuarenta, sino en el disenso que también y naturalmente surge de las filas opositoras aún en materias no decisivas. Sería inconveniente o contraproducente manifestarlo en la propia cámara, si fuere el caso, por lo que siempre es aconsejable conversar todas las propuestas entre las distintas expresiones de la bancada opositora, o intentar posturas lo más sensatas posibles con el riesgo de hallar cuestiones que escapan de esa sensatez promedio o del mismísimo lugar común.

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